La señora I.V.: 16 años para recibir justicia

Aquel 1 de julio de 2000 la señora I.V. ingresó al quirófano del Hospital de la Mujer para dar a luz.

Lo que podría haber terminado como un alumbramiento más en La Paz concluyó, sin embargo, 16 años después con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), porque la señora I.V. –ella pidió que se mantuviera su nombre en reserva- fue víctima de una esterilización no consentida en el Hospital de la Mujer de La Paz.

Después de dar a luz, a la señora I.V. se le practicó una ligadura de trompas de Falopio sin su previo consentimiento libre, pleno e informado, lo cual configura una esterilización forzada, de acuerdo con organismos internacionales, explicó la directora Ejecutiva de Derechos en Acción, la abogada Rielma Mencías, en el programa Ágora de APLP Radio; Derechos en Acción fue la representante legal de I.V. en el proceso que se llevó a cabo en la CorteIDH, con sentencia favorable para este víctima de una esterilización forzada.

Según los antecedentes del caso, la señora I.V., tras aquel episodio médico que cambió el curso de su vida, buscó justicia en el ámbito administrativo, para que se sancionara la actuación del médico que la sometió, sin su consentimiento, a una ligadura de trompas, y también en el campo penal, mediante un proceso iniciado en La Paz que sin embargo no concluyó con una sentencia sino con una determinación judicial que dio por concluido el caso debido a que el juicio, con las típicas retardaciones del sistema, había durado más de tres años.

Sin haber obtenido justicia, y luego de haber agotado la vía nacional o interna para obtenerla, la señora I.V. pidió, en marzo de 2015, que Derechos en Acción, un colectivo de abogados especializados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la representara legalmente en un proceso contra el Estado boliviano ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente ante la CorteIDH.

Tras 16 años de calvario para encontrar justicia, la señora I.V. obtuvo un fallo favorable en la CorteIDH el 30 de noviembre de 2016.

El lunes 16 de octubre la Procuraduría General efectuó lo que se denomina un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado., que buscó, en alguna medida, reparar el daño causado a la señora I.V. Según la Directora Ejecutiva de Derechos en Acción, aquella esterilización forzada fue tan traumática en la vida de la señora I.V. que tuvo serios efectos disgregadores sobre su familia.

El fallo de la CorteIDH en el caso I.V. es el primero de este tipo en el Sistema Interamericano y servirá como un precedente fundamental para el respeto de los derechos de la mujer en el hemisferio, especialmente en cuanto a derechos reproductivos y de autonomía personal.

La sentencia

La sentencia de la Corte Interamericana, definitiva e inapelable, determinó que el Estado Plurinacional de Bolivia violó en perjuicio de la víctima los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información, a fundar una familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los arts. 5.1, 5.2, 7.1, 8, 11.1, 11.2, 13.1, 17.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, determinó que Bolivia incumplió sus obligaciones internacionales con respecto a los arts. 1.1. de la mencionada Convención y 7. a), b), c), f) y g) de la Convención de Belém do Pará.

La Corte estableció que en el caso se “actuó con base en estereotipos de género frecuentemente aplicados a las mujeres en el sector salud”.

Según explicó la abogada Mencías en APLP Radio, es frecuente que en el ámbito médico, para las intervenciones quirúrgicas como la practicada a la señora I.V., se pida la “autorización” del esposo o de un familiar, lo cual no es correcto, porque tiene que ser la mujer quien dé su consentimiento previo, libre, pleno e informado para una cirugía de esta naturaleza.

El fallo de la CorteIDH también expresa que, en el caso I.V., confluyeron en forma interseccional múltiples factores de discriminación en el acceso a la justicia asociados a su condición de mujer, su posición socioeconómica y su condición de refugiada. Asimismo, concluyó “que la esterilización no consentida o involuntaria a la que fue sometida I.V… constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad del ser humano”.

En la actualidad, la señora I.V. busca retomar su vida tras 16 años de un desgastador peregrinaje en busca de justicia.

(Lea toda la sentencia del caso en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf)

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