Quintana acusa a García Mérida de “actos hostiles de odio y venganza”

El ex ministro de la Presidencia y actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, acusa al periodista Wilson García Mérida de haber cometido “una serie de actos hostiles de odio y venganza”, según la denuncia interpuesta por el funcionario ante el Ministerio Público el 28 de marzo de 2016.
El jueves 21, al promediar las 16:30, García Mérida, tras arribar al país desde Brasil, se presentó a la Fiscalía de La Paz, luego de que la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se convirtiera en coadyuvante en el proceso de defensa legal del informador cochabambino.
Desde mayo de 2016, el periodista se vio obligado a ausentarse a Brasil, para, según sus publicaciones, precautelar su seguridad física, lo cual impidió que compareciera ante la justicia.
Una campaña por la libertad de prensa y por el derecho ciudadano a la libre información, a la que se plegaron instituciones periodísticas nacionales e internacionales, pide que cese la persecución judicial contra García Mérida y que se le otorguen libertad irrestricta y garantías plenas.
La APLP se propuso una constante tarea de vigilancia para que ningún periodista hombre o mujer sea perseguido judicialmente bajo la acusación de sedición, por el simple hecho de publicar sus investigaciones, ideas u opiniones.
“Toda acción legal contra un periodista debe estar en el marco de la Ley de Imprenta”, declaró el presidente de la APLP, Nelson Martínez.
La denuncia contra García Mérida

“Señor Fiscal: de las publicaciones adjuntas en calidad de prueba preconstituida al presente, su autoridad podrá advertir que el ciudadano Wilson García Mérida ha procedido a realizar una serie de actos hostiles de odio y venganza en contra de mi mandante Juan Ramón Quintana Taborga, involucrándolo en hechos de corrupción vinculados al narcotráfico, a la dictadura de Banzer, a la militarización, a la masacre del Porvenir (Leopoldo Fernández), al caso Roger Pando (sic), caso Fabricio Ormachea y otros, en una serie de medios de circulación nacional, declaraciones públicas en distintos medios y otros, haciendo referencia a que mi mandante estaría vinculado a dichos ilícitos y sería artífice de actos y hechos contra el orden público”, afirma el abogado y apoderado de Quintana, Juan Oswaldo Zegarra Fernández, en la denuncia penal contra García Mérida.
En la relación circunstanciada del hecho atribuido al periodista, Zegarra acusa a García Mérida de realizar en “forma sistemática y continuada…actos contra mi mandante (Quintana), de forma pública, en distintos medios de prensa oral, escrita, televisivo (sic), mediante entrevistas que son de pleno y absoluto conocimiento público, al haber sido difundidos en distintos medios de circulación nacional…”.
El documento presentado al Ministerio Público enumera 19 publicaciones y declaraciones de García Mérida en Sol de Pando, Erbol, La Razón y otros medios televisivos y radiales del país, relacionadas con la “Masacre de El Porvenir” y el caso Gabriela Zapata, entre otras, que según el abogado y apoderado de Quintana sustentan la comisión de ilícitos.

Afectó la “seguridad del Estado”

En la fundamentación jurídica de la denuncia, el abogado de Quintana acusa al periodista cochabambino de “…un constante hostigamiento de oficio, de venganza; además de afectar la seguridad interior del Estado, ha vulnerado el derecho del ejercicio libre de la función pública de mi mandante y el bienestar social considerando que la Constitución Política del Estado, en el artículo 10, Parte I, refiere que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz…”.
García Mérida fue denunciado por Quintana “al haberse inferido una serie de agresiones, de sindicaciones, que afectan la seguridad del Estado, tildando como un gobierno dictador a la cabeza de Quintana, vinculándolo en hechos delictivos de narcotráfico, sicariato, prostitución infantil, casique (sic) de Pando, y que mi poderdante (Quintana) hubiera gestado la matanza en el caso Porvenir y otros, de forma pública a (sic) endilgado a una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones como Ministro de la Presidencia delitos de orden público, concurriendo los elementos de acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad de los delitos denunciados”.
El abogado de Quintana, tras enumerar los fundamentos de hecho y de derecho, acusa a García Mérida, en tanto “autor intelectual y material”, de haber “encabezado, gestado y desencadenado” los delitos de sedición (artículo 123), impedir o estorbar el ejercicio de funciones (artículo 161), atentados contra la libertad de trabajo (artículo 303), amenazas (artículo 293) y coacción (artículo 294), incluidos en el anterior Código Penal.
La APLP presentó a la Fiscalía un memorial en el que expresa que este caso corresponde a un tribunal de Imprenta.

¿Qué es la sedición?

El tipo penal de sedición, incluido entre los delitos contra la seguridad interior del Estado, expresa lo siguiente: “Art.123 (Sedición).- Serán sancionados con reclusión de uno (1) a tres (3) años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o de trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público.
“Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno (1) a dos (3) años”.

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