APLP exige que cese la persecución judicial a Wilson García Mérida

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), como parte del Pacto por la Defensa de la Libertad de Expresión y Prensa, exigió hoy que cese la persecución judicial contra el periodista Wilson García Mérida, director de El Sol de Pando.

García Mérida fue acusado de sedición y de otros cuatro delitos por el ex ministro de la presidencia y actual embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana, en mayo de 2016, tras la publicación de sus trabajos periodísticos en El Sol de Pando.

Debido a esta causa, y tras la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra, el periodista se vio obligado a trasladarse a Brasil, donde reside hace casi dos años.
Las organizaciones que agrupan a los periodistas establecieron un acuerdo en el cual expresan que realizarán acciones conjuntas en la defensa de sus afiliados frente a los excesos de parte de las autoridades de Gobierno, Polícia y de otros civiles manifestantes.

La APLP propuso luchar para que ningún periodista hombre o mujer sea perseguido judicialmente bajo la acusación de sedición, por el simple hecho de publicar sus investigaciones, ideas u opiniones.

“Toda acción legal contra un periodista debe estar en el marco de la Ley de Imprenta”, declararon las instituciones periodísticas en su acuerdo.
Como primera medida, exige que cese la persecución judicial contra García Mérida, se le permita asumir sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso y que su caso sea tratado en la jurisdicción que establece la Ley de Imprenta y no en el ámbito penal.

El caso del periodista García Mérida está enmarcado en el acuerdo alcanzado por las organizaciones periodísticas, que se comprometieron a efectuar todos los esfuerzos posibles para que se restituyan los derechos a la defensa y al debido proceso de este informador.

Periodistas sellan Pacto por la Defensa de la Libertad de Expresión y Prensa

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) establecieron un Pacto por la Defensa de la Libertad de Expresión y Prensa.
Las tres organizaciones periodísticas llegaron a este acuerdo “ante las circunstancias históricas que vive el país y considerando la necesidad vital de defender la libertad de expresión y prensa”.
Según el primer punto, la “FTPLP, la APLP y la ANPB son los organismos dedicados a velar la vigencia y la defensa de la Libertad de Expresión y Prensa establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Imprenta, como patrimonio del pueblo boliviano”.
Los periodistas afirman en el segundo punto del convenio que “en los últimos meses se ha intentado presentar proyectos legislativos para vulnerar nuestra ley y se han incrementado los atropellos a los trabajadores de la prensa: periodistas, camarógrafos y fotógrafos, obstaculizando su labor de información que significa al mismo tiempo perjudicar el trabajo del que vive y percibe un salario para alimentar a su familia”.
Para los informadores, “todos los gobiernos democráticos están en la obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo y también garantizar el derecho al trabajo; sin embargo estamos encontrando cada vez mayores obstáculos a estos derechos constitucionales”, expresan en el punto tres.
En el cuarto punto, los periodistas afirman que las circunstancias descritas los obligan a aunar esfuerzos para defender sus derechos constitucionales, por lo cual establecen un Pacto por la Defensa de la Libertad de Expresión y Prensa.
Expresan, en el quinto punto, que el Pacto suscrito “obliga a la FTPLP, la APLP y la ANPB a realizar acciones conjuntas en la defensa de nuestros afiliados frente a los excesos que pudiéramos sufrir de parte de las autoridades de Gobierno, parlamentarios, Policía y de otros grupos civiles manifestantes”.
También se comprometen a realizar “esfuerzos conjuntos para lograr la vigencia plena del Seguro Hermanos Peñasco” para dar mayor seguridad a “nuestros compañeros de la prensa”, reza el punto sexto del acuerdo.

Círculo de Mujeres Periodistas convoca a elecciones

El Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) convocó a elecciones para la conformación de la directiva para la gestión 2018-2020.
La organización periodística, fundada el 29 de marzo de 1972, informa que en ocasión del “Encuentro de Mujeres Periodistas” del 13 de octubre de 2017 en un acto público se designó a una Comisión Electoral Ad Hoc, conformada por Ana María Benavides, Magalí Vega, Gloria Tapia y Lucía Sauma, para que llame a un proceso eleccionario con el fin de conformar la nueva directiva de la gestión 2018-2020.
Según la convocatoria de la Comisión Electoral, la votación se llevará a cabo el 18 de enero de 2018, en la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), entre las 10:00 y las 17:00, mediante el sistema de voto directo y secreto por las fórmulas que se hubieran habilitado.
El punto sexto de la convocatoria expresa que las fórmulas para ser habilitadas deben ser presentadas hasta las 18:00 del miércoles 17 de enero en la sede de la APLP.
La Comisión, en el tercer punto, informa que tienen derecho a sufragar las socias legalmente inscritas en la APLP que tengan pagadas al día sus cuotas ordinarias.
Los cargos a elegir son los siguientes: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria General, Secretaria de Relaciones, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Prensa, Secretaria de Cultura, dos Vocales y dos para el Tribunal de Honor.
Para ser Presidente y Vicepresidenta del CMPLP, de acuerdo con la convocatoria, se requiere contar con una antigüedad de cinco años continuos como asociadas a la APLP, mientras que las candidatas a las restantes carteras deben acreditar tres años de afiliación en la APLP.
En el punto séptimo, se explica que terminado el acto de sufragio y en presencia del Comité Electoral se procederá al escrutinio y a la proclamación de la fórmula ganadora.

La Cámara de Diputados retira proyecto de nueva “ley mordaza”

El proyecto de “Ley de Información Responsable”, presentado por cuatro legisladores del oficialismo, se quedó sin respaldo.
“Hoy día se ha discutido en la bancada del MAS ese tema y se ha decidido que el proyecto de ley sea retirado; entonces ese proyecto de ley sería retirado de manera definitiva y no seguiría el curso que siguen el resto de los proyectos de ley”, explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
La declaración de Montaño fue precedida por la publicación, el 4 de diciembre, de un comunicado de la Cámara Baja en el que se resta respaldo al proyecto normativo y se indica que los responsables son cuatro diputados del oficialismo.
De acuerdo con el proyecto de “Ley de Información Responsable”, los autores de esa iniciativa son los legisladores oficialistas Leoncio Jancko, Nora Fernández, Lucio Gómez y Manuel Mamani.
Apenas horas antes, mediante un pronunciamiento conjunto fechado el 4 de diciembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz se declararon en estado de emergencia frente al proyecto de “Ley de Información Responsable”.
Los periodistas expresaron que el proyecto normativo de representantes del partido en función de gobierno vulnera la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.
En su pronunciamiento, los dos gremios periodísticos critican que el proyecto de “Ley de Información Responsable” intente eliminar el secreto de imprenta, los jurados de imprenta y judicializar el trabajo periodístico al plantear que los ejecutivos de los medios informativos sean procesados en las jurisdicciones penal, civil o administrativa, lo cual buscó, en 1987, una propuesta similar que se conoció como “ley mordaza” para la prensa.
“La Dirección de Información y Prensa de la Cámara de Diputados comunica que el “proyecto de Ley de Información Responsable” es una propuesta presentada por tres diputados, como otras centenas de proyectos que se presentan en cada gestión y que pueden tener informe positivo o negativo en la Comisión correspondiente”, explica el comunicado de la Cámara Baja.
“Este proyecto no es una iniciativa de la bancada del MAS y tampoco fue enviado por el Ejecutivo, es iniciativa exclusiva de los proyectistas”, señala el pronunciamiento de la Cámara Baja.
Mediante este pronunciamiento, se deslinda la responsabilidad en el proyecto normativo tanto de la bancada oficialista como del Palacio Quemado y sólo quedaron como impulsores de la iniciativa los cuatro diputados del oficialismo.

Periodistas se declaran en emergencia ante nueva “ley mordaza” oficialista

Mediante un comunicado conjunto fechado el 4 de diciembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en estado de emergencia frente el anteproyecto de “Ley de Información Responsable” presentado por cuatro diputados del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los periodistas expresan que el proyecto normativo de representantes del partido en función de gobierno vulnera la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.

Con la advertencia de que una nueva “ley mordaza” atenta contra la libertad de expresión, las dos organizaciones que agrupan a los periodistas “denuncian a la opinión pública nacional e internacional el anteproyecto ‘Ley de Información Responsable’, presentado por cuatro diputados del partido de gobierno a la Asamblea Plurinacional, que pretende controlar la información, regularla y someterla a penalidades, desconociendo totalmente los tribunales de imprenta y la misma Ley de Imprenta”, señala el mencionado comunicado.

“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado, y en su Exposición de Motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándolos sin pruebas de cometer ‘manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias’”, señala el pronunciamiento.

Los periodistas critican el anteproyecto normativo “porque desconoce el carácter analítico e interpretativo de la labor periodística cuando propone que ‘toda información producida, obtenida de manera lícita debe ser publicada sin modificación alguna’”.
Apelando a la historia, evocan un fallido intento del poder de controlar a la prensa: “Este proyecto de ley constituye la reedición de la Ley Mordaza, impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN) con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta. En ese sentido, la ‘Nueva Ley Mordaza’ pretende anular la constitucionalidad del periodismo de opinión y de interpretación”.
Las organizaciones periodísticas denuncian que la “Ley de información responsable” pretende eliminar el secreto de imprenta, que es fundamental en el trabajo de los informadores; el artículo 5, al señalar que “los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados”, atenta contra los intereses de los periodistas y busca “anular el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que establece que el secreto en materia de imprenta es inviolable”, expresa el comunicado público.

El pronunciamiento también denuncia otro de los artículos centrales del anteproyecto que penaliza el trabajo periodístico. “Asimismo, su artículo 9 es, sin duda, una clara muestra de judicialización del trabajo periodístico en medios de comunicación cuando propone que ‘serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil, administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación públicos o privados que emitan información que de manera indebida dañe la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona’”, explica el texto.
Finalmente, la ANPB y la APLP, tras repudiar enérgicamente este nuevo intento de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, se declaran en estado de emergencia y rechazan “rotundamente este atentado contra el periodismo boliviano”.

Ex vocal electoral destaca particularidad del voto nulo

El ex vocal de la desaparecida Corte Nacional Electoral y analista político, Jorge Lazarte, destacó, en el programa “Ágora” que se difunde por APLP Radio, que la Ley Electoral 026 tiene una particularidad con respecto al voto nulo.
El experto explicó que, a diferencia de otras normas electorales de América Latina, la Ley 026 expresa en su artículo 161 que “El electorado puede manifestar su voluntad mediante tres tipos de voto…”, que son el voto válido, blanco y nulo.
Según Lazarte, el voto nulo, en las leyes electorales de otros países, se define en oposición al voto válido y es sólo aquel sufragio que no reúne las condiciones o pautas para ser correcto. En Bolivia, en cambio, y por efecto del artículo 161, el voto nulo “expresa también la voluntad del elector”, afirmó el especialista.
“Ignoro las razones por las cuales se redactó así el artículo 161 de la Ley 036, pero dice que el voto nulo es una forma de expresar la voluntad del elector; por tanto, expresa la voluntad de no estar de acuerdo y lo que es nulo lo convierte en algo positivo”, aseguró.
Lazarte dijo que, en consecuencia, si no se toman en cuenta los votos nulos “es como si se anulara a una buena parte de la población que ha votado nulo, como si se desconociera la voluntad popular, sobre todo si el voto nulo es masivo, como en las elecciones judiciales de 2011”.
En 2011, en las primeras elecciones judiciales, los votos nulos y blancos superaron el 60% y los candidatos asumieron los cargos de magistrados en muchos casos con menos de un 5% de votos válidos, que son, como señala la Constitución Política del Estado (CPE), los únicos que cuentan.
“Que un voto exprese la voluntad popular o del electorado es sagrado; independientemente de que sea o no nulo, en democracia el voto tiene que ser respetado, aunque sea voto nulo según los términos de la Ley 026”, afirmó el experto.
Pese a que la CPE señala que en las elecciones judiciales son los votos válidos los que se consideran, Lazarte afirmó que el voto nulo manifiesta también la voluntad popular y activa el principio de la soberanía popular.
“Si la soberanía popular se ha expresado por una opción, entonces ésa es la opción que cuenta; por tanto, en 2011 deberían haber declarado inválidas las elecciones, porque como había más votos nulos ésa era la voluntad del ciudadano”, explicó.
Agregó que si en las elecciones judiciales del 3 de diciembre hay más votos nulos que válidos “debería respetarse la voluntad popular y ser anulado el proceso”.

Siete argumentos para votar nulo

Lazarte afirmó que hay siete razones para votar nulo.
1. Las elecciones judiciales violan derechos civiles y políticos, expresados en la CPE y también en tratados internacionales de Derechos Humanos; tanto la CPE como esos convenios internacionales expresan que esos derechos son inviolables y que incluso no se pueden suspender en un Estado de Sitio. Citó como ejemplo la vulneración del derecho a la libertad de expresión, que impide la campaña y que sobre todo limita el acceso de la ciudadanía a recibir información para emitir un voto informado.

2.Los candidatos por quienes se debe votar han sido elegidos por el Gobierno mediante su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, afirmó el experto. Votar válido es “votar por los que van a ser funcionales al Gobierno, que lo quiere controlar todo”, agregó.

3.Lazarte dijo que el Padrón Biométrico no da garantías. Aún no ha concluido la auditoría que realiza la OEA. En 2010, cuando concluyó el proceso de inscripción al Padrón Biométrico, se constató que aproximadamente 500 mil registrados no tenían certificados de nacimiento; no se puede tener carnet de identidad, que sirvió para el registro en el Padrón, sin tener certificado de nacimiento, explicó. “Es medio millón de registros irregulares”, agregó.

4. Como no se puede hacer campaña, no hay control de mesa posible, afirmó. Sin delegados de mesa, al ciudadano sólo le queda espectar el escrutinio, “es todo lo que puede hacer”, explicó.

5. En los últimos tres años, ha crecido de modo inusual el número de mesas y asientos electorales habilitados, dijo. Si el aumento de la población fue del 2%, la habilitación de mesas electorales fue del triple, aseguró. “¿Dónde están esos asientos electorales?, ¿quién y cómo los ha creado?”, cuestionó.

6. El voto nulo se justifica porque es una protesta contra lo que hace el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que induce a votar por los candidatos del oficialismo, pero que no dice nada del voto nulo ni del blanco, afirmó Lazarte. “Es como si dijera ‘vota por los candidatos del Gobierno’; es favorecer a unos para perjudicar a otros y no está (el TSE) cumpliendo con sus deberes”, aseguró.

7. Estas elecciones judiciales se parecen mucho en sus líneas generales, aunque con algunas variaciones, a las de 2011, dijo. No se aplicaron los cambios que podían mejorarlas, añadió.

Condori, del TDE: “Que me digan cómo debo votar me molestaría”

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TDE) de La Paz, Antonio Condori, afirmó en el programa “Ágora” de APLP Radio que si bien el voto nulo, como expresa la Ley Electoral 026, es una manifestación de la voluntad no se debe decir a nadie cómo debe votar.
Consultado sobre si está de acuerdo en que el voto nulo también expresa la voluntad del electorado, Condori argumentó que la manifestación de la voluntad es la expresión del fuero interno del votante y que eso se debe respetar, porque ese respeto es la base de la democracia, por lo cual no se debe inducir al elector. “Que a mí me digan cómo tengo que votar me molestaría”, dijo.
“Está bien que alguien diga cómo votará, en el marco de la libertad de expresión es una manifestación legítima, pero que se diga a otra persona cómo tiene que votar eso es una inducción y por supuesto que no está bien”, afirmó Condori.
Añadió que en derecho se da la figura del “dolus malus” cuando se busca entorpecer algo, cuando se busca cierta finalidad y dijo que el hecho de llamar al voto nulo tiene determinada finalidad.
Explicó que el Órgano Electoral Plurinacional, del que forma parte el TDE La Paz, ha apostado a un voto informado.
“Si el voto informado genera un voto válido, nulo o blanco, adelante, pero que sea un voto informado, que el elector sepa lo que está haciendo porque tenemos que ser responsables con el país”, afirmó.
Insistió, sin embargo, en que en esta elección judicial sólo cuentan los votos válidos, como señalan la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Electoral 026, por lo cual los votos nulos y blancos sólo tienen fines estadísticos y que, en consecuencia, si hubiera, como en 2011, más sufragios nulos y blancos que válidos eso no implicaría que, como han sugerido el politólogo Jorge Lazarte y otros expertos, se deberían anular estos comicios judiciales.
“Si ganara el voto nulo, estas elecciones judiciales siguen siendo válidas. No hay otro mecanismo para elegir a estas autoridades. Y si se quiere modificarlo, hay que consultar al soberano para un cambio en la CPE, no hay otra forma. Son las reglas de juego y hay que cumplirlas”, dijo.
Admitió que pueden incluso darse contradicciones entre las normas que regulan estas elecciones judiciales, pero que estas observaciones, además de los resultados del domingo 3 de diciembre, deben ser trasladadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que las leyes que rigen este proceso mejoren.
“Las elecciones judiciales son una novedad y hay que mejorarlas, porque es un proceso de construcción colectiva, hay que ir mejorando y yo veo avances”, afirmó.

La UNESCO convoca a premio mundial de libertad de prensa

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha convocado a presentar candidaturas al Premio Mundial UNESCO/Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2018.

De acuerdo con la carta que ha sido remitida a la Asociación de Periodistas de La Paz por el Ministerio de Educación, la UNESCO ha invitado tanto a los gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus Comisiones Nacionales, así como a las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales que actúan en el ámbito de la libertad de prensa, a presentar candidatos para el Premio Mundial UNESCO / Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2018.

Este premio fue creado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 1997, en honor de Guillermo Cano, periodista colombiano asesinado en el ejercicio de su profesión. El propósito del galardón es recompensar cada año a una persona, organización o institución que haya efectuado una contribución notable a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, especialmente si para ello ha corrido riesgo en sus tareas informativas o de opinión.

El galardón se entrega anualmente con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, y está dotado con una suma de 25.000 dólares.

La Fundación Cano de Colombia y la Fundación Helsingin Sanomat de Finlandia financian el premio.

Cómo presentar candidaturas

Las candidaturas para este premio mundial deben enviarse, informan los organizadores, antes del 15 de febrero de 2018 por correo postal o por correo electrónico.

Los promotores especifican que las postulaciones deben realizarse mediante el debido llenado, en inglés, del formulario, que debe ser remitido antes del 15 de febrero de 2018 por correo postal o por correo electrónico a la siguiente dirección:

Sra. Sylvie Coudray
Jefa de la División de Libertad de Expresión
UNESCO

Tel: 33.1.45.68.42.12

E-mail: s.coudray@unesco.org

APLP rechaza maltrato a dos periodistas

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazó, mediante un comunicado publicado y distribuido el 23 de octubre, el maltrato y amedrentamiento que recibieron los periodistas Moisés Cornejo, de la red televisiva UNO,  y Sergio Gandarillas, de la radio Splendid.

El viernes 20 los mencionados periodistas fueron víctimas, según informaron a la red Erbol y otros medios, de golpes y patadas de un coronel y de un teniente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales; los dos informadores cubrían, en la plaza Murillo, el desalojo de los activistas que protestan contra la vía que partirá en dos al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Tipnis.

“La Asociación de Periodistas de La Paz expresa su total repudio a los actos de violencia, maltrato y prepotencia de policías que, siendo parte de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP), actuaron en contra de los periodistas Sr. Moisés Cornejo y Sr. Sergio Gandarillas”, señala el comunicado de la APLP.

“Una vez más, funcionarios policiales ejercieron actos de violencia contra periodistas” que desarrollabas sus tareas, agrega el documento.

La APLP remarca que estos actos de violencia “demuestran intolerancia y desconocimiento de la labor que realiza la prensa” y agrega que el parágrafo III del artículo 106 de la Constitución Política del Estado establece que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

El comunicado expresa que, en consecuencia, la Policía Boliviana no puede vulnerar el trabajo periodístico y que, por el contrario, como institución del orden está llamada a cumplir su mandato constitucional “guiada por los valores sociales de seguridad, justicia y paz”.

“Expresamos públicamente al ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero, la importancia de fortalecer las capacidades de las y los miembros de la Policía en la normativa referida al ejercicio laboral de los periodistas. Como APLP, ponemos a disposición de la Policía espacios de capacitación en materia de atención de conflictos, considerando el ejercicio periodístico en el marco de la normativa que nos ampara”, concluye el texto publicado por la APLP.

La señora I.V.: 16 años para recibir justicia

Aquel 1 de julio de 2000 la señora I.V. ingresó al quirófano del Hospital de la Mujer para dar a luz.

Lo que podría haber terminado como un alumbramiento más en La Paz concluyó, sin embargo, 16 años después con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), porque la señora I.V. –ella pidió que se mantuviera su nombre en reserva- fue víctima de una esterilización no consentida en el Hospital de la Mujer de La Paz.

Después de dar a luz, a la señora I.V. se le practicó una ligadura de trompas de Falopio sin su previo consentimiento libre, pleno e informado, lo cual configura una esterilización forzada, de acuerdo con organismos internacionales, explicó la directora Ejecutiva de Derechos en Acción, la abogada Rielma Mencías, en el programa Ágora de APLP Radio; Derechos en Acción fue la representante legal de I.V. en el proceso que se llevó a cabo en la CorteIDH, con sentencia favorable para este víctima de una esterilización forzada.

Según los antecedentes del caso, la señora I.V., tras aquel episodio médico que cambió el curso de su vida, buscó justicia en el ámbito administrativo, para que se sancionara la actuación del médico que la sometió, sin su consentimiento, a una ligadura de trompas, y también en el campo penal, mediante un proceso iniciado en La Paz que sin embargo no concluyó con una sentencia sino con una determinación judicial que dio por concluido el caso debido a que el juicio, con las típicas retardaciones del sistema, había durado más de tres años.

Sin haber obtenido justicia, y luego de haber agotado la vía nacional o interna para obtenerla, la señora I.V. pidió, en marzo de 2015, que Derechos en Acción, un colectivo de abogados especializados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la representara legalmente en un proceso contra el Estado boliviano ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente ante la CorteIDH.

Tras 16 años de calvario para encontrar justicia, la señora I.V. obtuvo un fallo favorable en la CorteIDH el 30 de noviembre de 2016.

El lunes 16 de octubre la Procuraduría General efectuó lo que se denomina un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado., que buscó, en alguna medida, reparar el daño causado a la señora I.V. Según la Directora Ejecutiva de Derechos en Acción, aquella esterilización forzada fue tan traumática en la vida de la señora I.V. que tuvo serios efectos disgregadores sobre su familia.

El fallo de la CorteIDH en el caso I.V. es el primero de este tipo en el Sistema Interamericano y servirá como un precedente fundamental para el respeto de los derechos de la mujer en el hemisferio, especialmente en cuanto a derechos reproductivos y de autonomía personal.

La sentencia

La sentencia de la Corte Interamericana, definitiva e inapelable, determinó que el Estado Plurinacional de Bolivia violó en perjuicio de la víctima los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información, a fundar una familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los arts. 5.1, 5.2, 7.1, 8, 11.1, 11.2, 13.1, 17.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, determinó que Bolivia incumplió sus obligaciones internacionales con respecto a los arts. 1.1. de la mencionada Convención y 7. a), b), c), f) y g) de la Convención de Belém do Pará.

La Corte estableció que en el caso se “actuó con base en estereotipos de género frecuentemente aplicados a las mujeres en el sector salud”.

Según explicó la abogada Mencías en APLP Radio, es frecuente que en el ámbito médico, para las intervenciones quirúrgicas como la practicada a la señora I.V., se pida la “autorización” del esposo o de un familiar, lo cual no es correcto, porque tiene que ser la mujer quien dé su consentimiento previo, libre, pleno e informado para una cirugía de esta naturaleza.

El fallo de la CorteIDH también expresa que, en el caso I.V., confluyeron en forma interseccional múltiples factores de discriminación en el acceso a la justicia asociados a su condición de mujer, su posición socioeconómica y su condición de refugiada. Asimismo, concluyó “que la esterilización no consentida o involuntaria a la que fue sometida I.V… constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad del ser humano”.

En la actualidad, la señora I.V. busca retomar su vida tras 16 años de un desgastador peregrinaje en busca de justicia.

(Lea toda la sentencia del caso en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf)