Condori, del TDE: “Que me digan cómo debo votar me molestaría”

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TDE) de La Paz, Antonio Condori, afirmó en el programa “Ágora” de APLP Radio que si bien el voto nulo, como expresa la Ley Electoral 026, es una manifestación de la voluntad no se debe decir a nadie cómo debe votar.
Consultado sobre si está de acuerdo en que el voto nulo también expresa la voluntad del electorado, Condori argumentó que la manifestación de la voluntad es la expresión del fuero interno del votante y que eso se debe respetar, porque ese respeto es la base de la democracia, por lo cual no se debe inducir al elector. “Que a mí me digan cómo tengo que votar me molestaría”, dijo.
“Está bien que alguien diga cómo votará, en el marco de la libertad de expresión es una manifestación legítima, pero que se diga a otra persona cómo tiene que votar eso es una inducción y por supuesto que no está bien”, afirmó Condori.
Añadió que en derecho se da la figura del “dolus malus” cuando se busca entorpecer algo, cuando se busca cierta finalidad y dijo que el hecho de llamar al voto nulo tiene determinada finalidad.
Explicó que el Órgano Electoral Plurinacional, del que forma parte el TDE La Paz, ha apostado a un voto informado.
“Si el voto informado genera un voto válido, nulo o blanco, adelante, pero que sea un voto informado, que el elector sepa lo que está haciendo porque tenemos que ser responsables con el país”, afirmó.
Insistió, sin embargo, en que en esta elección judicial sólo cuentan los votos válidos, como señalan la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Electoral 026, por lo cual los votos nulos y blancos sólo tienen fines estadísticos y que, en consecuencia, si hubiera, como en 2011, más sufragios nulos y blancos que válidos eso no implicaría que, como han sugerido el politólogo Jorge Lazarte y otros expertos, se deberían anular estos comicios judiciales.
“Si ganara el voto nulo, estas elecciones judiciales siguen siendo válidas. No hay otro mecanismo para elegir a estas autoridades. Y si se quiere modificarlo, hay que consultar al soberano para un cambio en la CPE, no hay otra forma. Son las reglas de juego y hay que cumplirlas”, dijo.
Admitió que pueden incluso darse contradicciones entre las normas que regulan estas elecciones judiciales, pero que estas observaciones, además de los resultados del domingo 3 de diciembre, deben ser trasladadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que las leyes que rigen este proceso mejoren.
“Las elecciones judiciales son una novedad y hay que mejorarlas, porque es un proceso de construcción colectiva, hay que ir mejorando y yo veo avances”, afirmó.

Juan Cristóbal Soruco es el Premio Nacional de Periodismo 2017

Juan Cristóbal Soruco Quiroga es el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017, que anualmente otorga la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).  Se trata del principal  y más antiguo reconocimiento periodístico a una trayectoria de vida y de trabajo en los medios de comunicación. Soruco fue postulado por la Asociación de Periodistas de Cochabamba.

 

Desde 1989, la APLP premió a periodistas de la talla de Alberto Zuazo, Huáscar Cajías, Ana María Romero de Campero, Mario Castro, Jorge Canelas y José Gramunt, entre otros destacados periodistas bolivianos.

 

Juan Cristóbal Soruco Quiroga es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB).

 

Actualmente es director del periódico Los Tiempos de Cochabamba. Ha sido, además, director del Departamento de Ciencias de Comunicación Social de la UCB “San Pablo” de La Paz, y director de los periódicos Presencia, La Razón y La Prensa de La Paz, del Centro de Documentación e Información, CEDOIN, y director adjunto de la empresa de comunicación estratégica “Extend”, así como consultor en varias organizaciones.

 

El Premio Nacional de Perioidismo 2017 ha escrito varios ensayos sobre comunicación social y también es candidato a maestrante en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar.

APLP denuncia amenazas y hostigamiento contra Radio Líder

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), mediante un comunicado conjunto con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia fechado el 23 de noviembre, denunció las amenazas de muerte y hostigamiento que reciben periodistas de Radio Líder por su trabajo.

“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional las amenazas de muerte y hostigamiento al trabajo periodístico que gente inescrupulosa realiza a los colegas de radio Líder”, expresa el comunicado público.

Las instituciones periodísticas exhortan al fiscal a cargo de una denuncia interpuesta por Radio Líder “a que realice todas las acciones necesarias para dar con los autores directos de estas amenazas y así procurar justicia”.

“Asimismo, denunciamos que tales amenazas y hostigamiento se efectúan, de acuerdo con la información constatada por radio Líder, con uno de los teléfonos celulares del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos Laura, desde la localidad de Warisata”, señala el citado texto.

El comunicado termina con un pedido: “Exigimos al Gobierno las garantías necesarias para nuestros colegas y hacemos responsable directo al alcalde Ramos por cualquier acción en contra de los periodistas de radio Líder”.

La UNESCO convoca a premio mundial de libertad de prensa

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha convocado a presentar candidaturas al Premio Mundial UNESCO/Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2018.

De acuerdo con la carta que ha sido remitida a la Asociación de Periodistas de La Paz por el Ministerio de Educación, la UNESCO ha invitado tanto a los gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus Comisiones Nacionales, así como a las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales que actúan en el ámbito de la libertad de prensa, a presentar candidatos para el Premio Mundial UNESCO / Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2018.

Este premio fue creado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 1997, en honor de Guillermo Cano, periodista colombiano asesinado en el ejercicio de su profesión. El propósito del galardón es recompensar cada año a una persona, organización o institución que haya efectuado una contribución notable a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, especialmente si para ello ha corrido riesgo en sus tareas informativas o de opinión.

El galardón se entrega anualmente con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, y está dotado con una suma de 25.000 dólares.

La Fundación Cano de Colombia y la Fundación Helsingin Sanomat de Finlandia financian el premio.

Cómo presentar candidaturas

Las candidaturas para este premio mundial deben enviarse, informan los organizadores, antes del 15 de febrero de 2018 por correo postal o por correo electrónico.

Los promotores especifican que las postulaciones deben realizarse mediante el debido llenado, en inglés, del formulario, que debe ser remitido antes del 15 de febrero de 2018 por correo postal o por correo electrónico a la siguiente dirección:

Sra. Sylvie Coudray
Jefa de la División de Libertad de Expresión
UNESCO

Tel: 33.1.45.68.42.12

E-mail: s.coudray@unesco.org

APLP rechaza maltrato a dos periodistas

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazó, mediante un comunicado publicado y distribuido el 23 de octubre, el maltrato y amedrentamiento que recibieron los periodistas Moisés Cornejo, de la red televisiva UNO,  y Sergio Gandarillas, de la radio Splendid.

El viernes 20 los mencionados periodistas fueron víctimas, según informaron a la red Erbol y otros medios, de golpes y patadas de un coronel y de un teniente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales; los dos informadores cubrían, en la plaza Murillo, el desalojo de los activistas que protestan contra la vía que partirá en dos al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Tipnis.

“La Asociación de Periodistas de La Paz expresa su total repudio a los actos de violencia, maltrato y prepotencia de policías que, siendo parte de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP), actuaron en contra de los periodistas Sr. Moisés Cornejo y Sr. Sergio Gandarillas”, señala el comunicado de la APLP.

“Una vez más, funcionarios policiales ejercieron actos de violencia contra periodistas” que desarrollabas sus tareas, agrega el documento.

La APLP remarca que estos actos de violencia “demuestran intolerancia y desconocimiento de la labor que realiza la prensa” y agrega que el parágrafo III del artículo 106 de la Constitución Política del Estado establece que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

El comunicado expresa que, en consecuencia, la Policía Boliviana no puede vulnerar el trabajo periodístico y que, por el contrario, como institución del orden está llamada a cumplir su mandato constitucional “guiada por los valores sociales de seguridad, justicia y paz”.

“Expresamos públicamente al ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero, la importancia de fortalecer las capacidades de las y los miembros de la Policía en la normativa referida al ejercicio laboral de los periodistas. Como APLP, ponemos a disposición de la Policía espacios de capacitación en materia de atención de conflictos, considerando el ejercicio periodístico en el marco de la normativa que nos ampara”, concluye el texto publicado por la APLP.

El recurso para la reelección del Presidente en 10 preguntas

¿Control de convencionalidad? ¿Control de constitucionalidad? ¿Qué es lo que plantea el oficialismo, mediante el recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para la anulación del límite a la reelección del presidente Evo Morales? La pretensión, presentada el 18 de septiembre y admitida por el TCP el 29 de septiembre, es más fácil de comprender bajo un esquema de 10 preguntas y respuestas.

1.¿Qué es un recurso de inconstitucionalidad abstracta?

Es una acción de defensa contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE) o, también, un poder jurídico que tienen determinados sujetos de derecho de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para pedir que se declare la inconstitucionalidad de toda disposición incluida en una ley, decreto o cualquier resolución no judicial que sea contraria a la CPE; sólo pueden iniciar esta acción el Presidente, los integrantes de la Asamblea Nacional Plurinacional o de los órganos legislativos autónomos –asambleas departamentales, concejos municipales y autonomías indígenas-, las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos, así como el Defensor del Pueblo.  La CPE otorga este poder jurídico a toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, pero el Código Procesal Constitucional determina que sólo las autoridades nombradas líneas arriba pueden iniciar esta acción.

2.¿Qué solicita el recurso de inconstitucionalidad abstracta presentado por el oficialismo el 18 de septiembre?

El recurso, presentado por 11 diputados –nueve oficialistas y dos opositores hoy aliados-, pide que el TCP dicte una sentencia que declare la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley 026 o Ley Electoral (52.III, 64.d), 65.b),71.c) y 72.b), que limitan la reelección del Presidente y del Vicepresidente, de los gobernadores y asambleístas departamentales y de los alcaldes y concejales, a una sola vez de manera continua.
También solicita la inaplicabilidad de cuatro artículos de la CPE (156, 168, 285.II y 288)  que limitan la reelección del Presidente y del Vicepresidente, de los gobernadores y asambleístas departamentales y de los alcaldes y concejales, a una sola vez de manera continua.

3.¿En qué se fundamenta el pedido de los diputados?

El argumento central del recurso es afirmar que los cuatro artículos de la CPE y los cuatro de la Ley Electoral, que limitan la reelección del Presidente y de otras autoridades a una sola vez de manera continua, vulneran el derecho humano y, en particular, el derecho político a elegir y a ser elegido que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica para todos los ciudadanos de los Estados que han firmado ese acuerdo; los artículos vulnerados del Pacto, afirman los diputados, son el 1.1,23,24 y 29. Además, alegan que los citados artículos de la CPE y de la Ley Electoral violan los artículos 26 y 28 de la CPE sobre los derechos políticos a elegir y a ser elegido. En otras palabras, mientras el Pacto establece un ejercicio amplio del derecho humano y político a elegir y ser elegido, los nombrados artículos de la CPE y de la Ley Electoral restringen ese derecho al poner límite a la reelección.

4.¿Por qué los diputados mencionan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o  Pacto de San José de Costa Rica en este recurso ante el TCP?

Es otro de los aspectos centrales del recurso de los diputados. El Pacto de San José de Costa Rica es una convención internacional que obliga a los países de las Américas que lo han firmado y ratificado a respetar sus cláusulas sobre derechos humanos y toda la institucionalidad creada para salvaguardarlos. El Pacto fue aprobado y ratificado por Bolivia mediante la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
Desde 1969, cuando entrara en vigor, el Pacto de San José de Costa Rica es el pilar del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuyos dos órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), un tribunal que emite sentencias sobre casos que se someten a ella y que interpreta los alcances de la Convención.

5.Las actividades de la CorteIDH, ¿en qué afectan al país?

Como ha sucedido en todos los países de la región, tras incorporar los tratados de derechos humanos a la CPE en 2009, mediante el párrafo II del artículo 410, en la cúspide del ordenamiento jurídico boliviano hay una doble fuente, una interna y otra internacional: la CPE y los tratados de derechos humanos, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica; esa doble fuente se denomina Bloque de Constitucionalidad, que ha transformado al país en un Estado Constitucional Convencionalizado. Según especialistas en Derecho Constitucional, en este nuevo paradigma de Estado no prima el principio de jerarquía, como en el caso de la supremacía constitucional, sino el de la eficacia de los derechos humanos, que exige la aplicación de la norma más favorable en la protección de los derechos humanos. Por tal razón, el recurso también apela al artículo 256 de la CPE, que expresa que los tratados que declaren derechos humanos más favorables a los ciudadanos se aplicarán de manera preferente a la Constitución.
La principal misión y actividad de la CorteIDH es efectuar un permanente control para que no se violen las cláusulas de la Convención; efectúa esta tarea mediante el control de convencionalidad, que consiste en realizar una suerte de inspección para que en los países del Pacto de San José de Costa Rica no se vulneren los derechos humanos expresados en su articulado. Tal control puede ser concentrado y difuso; la CorteIDH ejerce el control concentrado de convencionalidad, mediante las sentencias de los casos que son sometidos a ella y las interpretaciones de las normas del Pacto, mientras que el control convencional difuso debe ser ejercido por los órganos del Poder Judicial de los países que han incorporado el Pacto a la CPE; es decir, al momento de emitir una sentencia los magistrados y jueces bolivianos tienen que verificar que su decisión no vulnere la CPE ni el Pacto.

6. ¿Es lo mismo un control de constitucionalidad que un control de convencionalidad?

Debido al Bloque de Constitucionalidad, los magistrados y jueces bolivianos no sólo están obligados a aplicar las normas vigentes del ordenamiento jurídico interno o nacional, sino que también están sometidos a las disposiciones consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica y a las interpretaciones que haya efectuado la CorteIDH sobre estas cláusulas; es decir, deben considerar el conjunto de fallos –la jurisprudencia- de la CorteIDH  y de sus interpretaciones, para que sus resoluciones no sean contrarias o repugnantes al Pacto. En consecuencia, al momento de emitir un fallo sobre determinado caso el juez o magistrado boliviano debe evitar que su decisión no sólo sea contraria a la CPE, lo cual implica un control de constitucionalidad, sino también al Pacto de San José de Costa Rica, lo que en otras palabras significa efectuar un control difuso de convencionalidad. En los hechos, el control de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad se efectúan simultáneamente y son equivalentes.

7. ¿Qué ocurre si una ley y disposiciones de la propia Constitución son contrarias al Pacto?

La principal tarea de la CorteIDH consiste en cotejar la norma de derecho interno con la Convención y detectar si la primera vulnera a la segunda o no, lo cual se denomina control de convencionalidad; en esta tarea, la CorteIDH ha determinado que los jueces del derecho interno están obligados a efectuar el control de convencionalidad (caso Almonacid Arellano vs Chile, de 2006); también han resuelto que este control tiene que efectuarse de oficio (caso Trabajadores cesados del Congreso vs Perú, de 2006) y que debe ser ejercido por todos los funcionarios del Estado (caso Gelman vs Uruguay, de 2011). Si se verifica la violación del Pacto, la CorteIDH lo hace saber al país infractor para que modifique los actos ejecutados por cualquiera de sus poderes –en el caso de Bolivia, cuatro poderes-, con el fin de que no incurra en responsabilidad estatal.
El control de convencionalidad, según los tratadistas en Derecho Constitucional, juega un doble papel: en primer lugar, un rol represivo, que obligaría a los jueces nacionales a inaplicar las normas internas, incluso las constitucionales, opuestas al Pacto y a las interpretaciones de la Convención que ha efectuado la CorteIDH, y, en segundo, un rol constructivo, de carácter armonizante y adaptativo, que obliga a los jueces a interpretar, en sus sentencias, el derecho interno de conformidad con el Pacto y a las interpretaciones de la Convención que ha realizado hasta la fecha la CorteIDH.
La solicitud de inaplicar los artículos 168 y otros de la CPE implica el pedido de que se aplique con preferencia el artículo 23 de la Convención frente a esas disposiciones constitucionales.

8. A la luz del control de convencionalidad, ¿qué plantea el recurso de inconstitucionalidad abstracta para la reelección del Presidente?

Considerando el Bloque de Constitucionalidad, los diputados denuncian que hay una contradicción entre los artículos de la CPE y de la Ley Electoral que limitan la reelección a una sola vez de manera continua y el artículo 23 del Pacto sobre el derecho humano y político a elegir y ser elegido; argumentan que la norma convencional es más amplia; en suma, insisten en que el artículo 23 del Pacto no restringe el derecho a votar y la oportunidad de ser candidato, que conforman el derecho de participación. Al haberse limitado la reelección, también se vulneran los artículos 26 y 28 de la propia CPE sobre los derechos políticos, lo cual configura una antinomia o contradicción interna constitucional; los cuatro artículos de la Ley Electoral, al fundamentarse en los cuatro preceptos constitucionales sobre la limitación a la reelección, son inconstitucionales, afirman, y piden que se inapliquen las cuatro normas constitucionales nombradas.
Para sustentar este pedido, citan anteriores fallos o jurisprudencia de la CorteIDH que, en opinión de los diputados oficialistas, sustenta el pedido de inaplicar el artículo 168 y otros tres de la CPE.
También otorgan gran despliegue a las sentencias judiciales en tres países centroamericanos –Costa Rica, Nicaragua y Honduras- que favorecieron la reelección presidencial, sin que intervinieran el poder constituyente, la asamblea legislativa o se llevara a cabo un referendo; el factor común de las tres decisiones judiciales, según los diputados, es que las decisiones de los jueces eliminaron restricciones al ejercicio pleno de los derechos políticos.

9. ¿Por qué el recurso de los diputados asegura que el artículo 23 del Pacto tiene la condición numerus clausus?

Sostienen que, como expresa el párrafo 2 del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, los derechos políticos sólo pueden ser regulados o restringidos por edad,  nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez competente, en proceso penal. Esto implica, por ejemplo, que la norma puede definir que el voto es desde los 18 años o bien que un candidato al Legislativo debe contar con un mínimo de 21 años, etc.
Alegan que la disposición es numerus clausus porque señala explícita y taxativamente las causas por las cuales se puede regular y limitar los derechos políticos; en ningún caso se expresa, aseguran, que la reelección, por una sola vez de manera continua o indefinida, es una limitante, para el Pacto, de los derechos políticos; por tanto, concluyen, restringir los derechos políticos en la CPE mediante la reelección por una sola vez de manera continua es inconvencional.

10. ¿Cuál es el mejor escenario para el recurso de inconstitucionalidad abstracta?

Que el Tribunal Constitucional Plurinacional dé curso a la solicitud de los diputados oficialistas, bajo el argumento de que debe “armonizar” el derecho interno con el Pacto, para evitar que el país incurra en responsabilidad estatal. Lo que, en otras palabras, equivale a evitar que se vulnere el derecho humano y político del Presidente y de otros funcionarios. Habrá que esperar el plazo de ley -45 días hábiles desde la admisión de la demanda- para conocer los términos del fallo del TCP (Marco Zelaya, periodista).

La señora I.V.: 16 años para recibir justicia

Aquel 1 de julio de 2000 la señora I.V. ingresó al quirófano del Hospital de la Mujer para dar a luz.

Lo que podría haber terminado como un alumbramiento más en La Paz concluyó, sin embargo, 16 años después con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), porque la señora I.V. –ella pidió que se mantuviera su nombre en reserva- fue víctima de una esterilización no consentida en el Hospital de la Mujer de La Paz.

Después de dar a luz, a la señora I.V. se le practicó una ligadura de trompas de Falopio sin su previo consentimiento libre, pleno e informado, lo cual configura una esterilización forzada, de acuerdo con organismos internacionales, explicó la directora Ejecutiva de Derechos en Acción, la abogada Rielma Mencías, en el programa Ágora de APLP Radio; Derechos en Acción fue la representante legal de I.V. en el proceso que se llevó a cabo en la CorteIDH, con sentencia favorable para este víctima de una esterilización forzada.

Según los antecedentes del caso, la señora I.V., tras aquel episodio médico que cambió el curso de su vida, buscó justicia en el ámbito administrativo, para que se sancionara la actuación del médico que la sometió, sin su consentimiento, a una ligadura de trompas, y también en el campo penal, mediante un proceso iniciado en La Paz que sin embargo no concluyó con una sentencia sino con una determinación judicial que dio por concluido el caso debido a que el juicio, con las típicas retardaciones del sistema, había durado más de tres años.

Sin haber obtenido justicia, y luego de haber agotado la vía nacional o interna para obtenerla, la señora I.V. pidió, en marzo de 2015, que Derechos en Acción, un colectivo de abogados especializados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la representara legalmente en un proceso contra el Estado boliviano ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente ante la CorteIDH.

Tras 16 años de calvario para encontrar justicia, la señora I.V. obtuvo un fallo favorable en la CorteIDH el 30 de noviembre de 2016.

El lunes 16 de octubre la Procuraduría General efectuó lo que se denomina un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado., que buscó, en alguna medida, reparar el daño causado a la señora I.V. Según la Directora Ejecutiva de Derechos en Acción, aquella esterilización forzada fue tan traumática en la vida de la señora I.V. que tuvo serios efectos disgregadores sobre su familia.

El fallo de la CorteIDH en el caso I.V. es el primero de este tipo en el Sistema Interamericano y servirá como un precedente fundamental para el respeto de los derechos de la mujer en el hemisferio, especialmente en cuanto a derechos reproductivos y de autonomía personal.

La sentencia

La sentencia de la Corte Interamericana, definitiva e inapelable, determinó que el Estado Plurinacional de Bolivia violó en perjuicio de la víctima los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información, a fundar una familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los arts. 5.1, 5.2, 7.1, 8, 11.1, 11.2, 13.1, 17.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, determinó que Bolivia incumplió sus obligaciones internacionales con respecto a los arts. 1.1. de la mencionada Convención y 7. a), b), c), f) y g) de la Convención de Belém do Pará.

La Corte estableció que en el caso se “actuó con base en estereotipos de género frecuentemente aplicados a las mujeres en el sector salud”.

Según explicó la abogada Mencías en APLP Radio, es frecuente que en el ámbito médico, para las intervenciones quirúrgicas como la practicada a la señora I.V., se pida la “autorización” del esposo o de un familiar, lo cual no es correcto, porque tiene que ser la mujer quien dé su consentimiento previo, libre, pleno e informado para una cirugía de esta naturaleza.

El fallo de la CorteIDH también expresa que, en el caso I.V., confluyeron en forma interseccional múltiples factores de discriminación en el acceso a la justicia asociados a su condición de mujer, su posición socioeconómica y su condición de refugiada. Asimismo, concluyó “que la esterilización no consentida o involuntaria a la que fue sometida I.V… constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad del ser humano”.

En la actualidad, la señora I.V. busca retomar su vida tras 16 años de un desgastador peregrinaje en busca de justicia.

(Lea toda la sentencia del caso en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf)

Convocan al Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2017

Con el objetivo de incentivar, promover y difundir las diversas expresiones artístico-culturales de Bolivia, y para contribuir a la creación y rescate de las mismas, el Gobierno ha convocado al Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2017.

Los premios, según las categorías y puestos, van desde Bs 10 mil hasta Bs 50 mil.

Según la convocatoria, se recibirán las distintas postulaciones hasta las 18:30 del jueves 23 de noviembre de este año y la premiación tendrá lugar el 23 de marzo de 2018. Para mayor información, consulte las bases de este concurso en el siguiente enlace:

http://minculturas.gob.bo/index.php/convocatorias/convocatorias/3104-convocatoria-2017-premio-plurinacional-eduardo-abaroa

Desde Bolivia: Reporteras populares, lideresas de micrófono en alto

Vivian Lavín, Diario y Radio U de Chile

“Llévame a Chile, hermanita”, dice Elena Miranda. Ella es una señora de pollera, como se les llama en Bolivia, a esas mujeres que visten faldas abultadas y coloridas que lucen sobre sus cabezas un coqueto y empinado sombrerito desde donde cuelgan sus largas trenzas negras. Son las cholas y están en los estudios de la Radio comunitaria Atipiri, ubicada en la ciudad de El Alto, en Bolivia. Atipiri significa vencedores, en lengua aymara, que debiéramos traducir para los efectos de este relato como vencedoras.

Una veintena de mujeres aymara están en la estación radial ubicada en la ciudad de El Alto, una urbe que naciera como un campamento y que hoy equipara en población a su vecina La Paz, con más de un millón 200 mil habitantes, pero la supera en altura, empinándose sobre cuatro mil metros de altura. Han llegado temprano luciendo sus pollerudas vestimentas tradicionales y sobre ellas una chaquetilla de color café claro, como las que utilizan los reporteros gráficos, sin mangas y amplios bolsillos, con un bordado en la espalda que las identifica como Reporteras populares de este medio de comunicación comunitario, que desde hace 15 años transmite a través del 840 de la Amplitud Modulada.

Están todas en el estudio de salida al aire, pero por los parlantes ahora suena música programada. Hasta hace minutos, la directora y periodista de Radio Atipiri, Tania Ayma Calle, transmitía en vivo su programa sabatino, y tuvo como invitadas a su colega boliviana Zulema Alanes, de la legendaria Agencia de Noticias FIDES (ANF), a la reportera popular Nieves Quispe y a la chilena que suscribe. Las cuatro mujeres hablaron sobre oficio radial, derechos de las mujeres y también del mar. En la mesa donde estaban los micrófonos, ahora han dispuesto un aphtapi, un almuerzo comunitario en el que todas han aportado con algo: carne, pescaditos, papas, trigo y arroz. Sus manos, las mismas que prepararon los alimentos, hacen ahora de pequeños recipientes donde van poniendo las pequeñas porciones que van comiendo con calma mientras cuentan su experiencia radial y sus deseos de saber más y viajar.

Es sábado al mediodía y recién han terminado una de las sesiones del taller que la periodista especializada en medios y redes digitales Noelia Rendón, les dicta desde hace unos meses a este particular grupo de señoras. La capacitación se inserta dentro del proyecto Por el ejercicio pleno de los Derechos Políticos, económicos y sexuales de las mujeres, que ofrece el Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI), en un convenio con la cooperación sueca. Radio Atipiri es parte del Centro ubicado en una casa esquina de tres pisos donde el oxígeno escasea si se trata de pulmones acostumbrados a las honduras, pero no en aquellos cuyos ancestros se codean con las nubes desde hace milenios.

El lugar fue creado por el visionario comunicador, ministro de Educación en el gobierno de Carlos Mesa G., y tío del actual presidente Evo Morales Ayma, Donato Ayma Rojas, quien ya no está. Su trágica muerte hace casi un año, ha dejado a su hija Tania y a las reporteras conmocionadas, pero conscientes de que deben continuar su legado con el compromiso, entusiasmo y disciplina que él les inculcó.

Nieves lo recuerda enternecida. Ella es una joven de Jesús de Machaca, un pueblo distante a unos 160 kilómetros de La Paz, donde dejó el pastoreo y el cultivo, para venirse hasta El Alto. Un cambio de vida radical para una joven aymara a la que no le tiembla la voz a la hora de participar en el programa radial “Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme”, junto a sus “hermanas”, como se llaman entre mujeres. Ese es  de los muchos programas realizados por la Red de Reporteras Populares formadas en Radio Atipiri, para los que elaboran notas de diverso tipo, que editan y sacan al aire cada semana ellas mismas. A Nieves le brillan los ojos cuando recuerda a don Donato, pero más cuando habla de lo que para ella significa estar frente al micrófono y de lo mucho que ha aprendido. Toma un palo selfie y comienza a sacar fotos mientras las mujeres reparten el aphtapi y comentan lo que Noelia les ha enseñado hoy, como es abrir una cuenta en Facebook para lo que han descubierto que, primero deben tener un correo electrónico personal. Muy pronto podrán publicar sus trabajos en el muro de Radio Atipiri y compartirlos con públicos insospechados.

Se las ve radiantes. Muchas de ellas ya andan con sus celulares con conexión a internet y hace unos días, no se amilanaron y aceptaron la invitación que les extendió la Asociación de Periodistas de La Paz junto a la Fundación Konrad Adenauer para participar en un Seminario para Mujeres periodistas, en un elegante y céntrico hotel de La Paz. Ellas quieren ser parte de la Asociación, y con desazón aceptan la imposibilidad ya que se trata de organismos gremiales de profesionales de la prensa, en tanto ellas, solo tienen el oficio.

Su entusiasmo sobrecoge y emociona al verlas atentas tomar apuntes y grabar con sus teléfonos, grabadoras digitales e, incluso, con antiguas grabadoras de cinta. Todo sirve para estas ávidas reporteras que en Radio Atipiri han encontrado no solo un oficio, sino una forma de ser consideradas y respetadas por sus propias familias y las comunidades a las que pertenecen.

A escondidas

Los frutos están a la vista y han sido producto de un largo proceso con dos hitos importantes, cuando Donato Ayma funda CECOPI, en el año 1997, y cuando decide radicarse en El Alto y ampliar el proyecto con una radio comunitaria llamada Atipiri, en 2004. En la primera etapa, fueron cursos esporádicos, pero a partir de 2004, su hija Tania, periodista de la Universidad Católica San Pablo de La Paz y con estudios de post grado en universidades europeas, le imprime un enfoque de género permitiendo que un promedio de 100 mujeres se capaciten cada año como reporteras populares, incluso trescientas en el año 2010, con talleres sobre Autoestima, Género, Liderazgo, Derechos políticos, Comunicación radiofónica y Redes Sociales, como en esta oportunidad. Pero no solo eso. Además, de Comunicación y Radio, “ofrecemos cursos de Confección de polleras y de panadería, para que las mujeres logren tener recursos por su cuenta y accedan a la autonomía económica sin dejar a sus hijos, ya que ambos trabajos los pueden hacer en sus casas. La idea es formar comunicadoras y reporteras populares también como una estrategia de lucha contra las violencias que las mujeres vivimos. Empoderarlas, que pierdan el miedo a hablar en público y conozcan sus derechos. Eso las hace lideresas que pasarán de una situación pasiva a una reflexiva”, explica Tania.

Pero tampoco ha sido fácil. Muchas de ellas, se inscribieron en los cursos a escondidas de sus maridos y hasta hace poco tiempo, Tania ha tenido que ir a explicarles a algunos de ellos, que han llegado hasta las puertas del Centro siguiendo en secreto a sus mujeres, que lo que allí aprenden será de gran beneficio para el grupo familiar.

Y es que las señoras de pollera no solo han perdido el miedo a hablar en público o frente al amenazante micrófono. “Hemos aprendido sobre nuestros derechos y a que nos respeten”, dice Elena.

Quieren saber sobre Chile, cómo es, quieren viajar hasta allá. “Llévame a Chile, hermanita”, me dice Elena.

Los planes más cercanos son llevar a un grupo de ellas mucho más lejos, hasta España, donde se especializarán en el oficio de reporteras radiales.

Chile tendrá que esperar. Desde hace tiempo que Bolivia y Chile parecieran estar muy lejos, querida hermana.