Tomado de infobae
En Ecuador está vigente la Guía Práctica para la actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y sobre la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación, un documento elaborado por la Fiscalía General del Estado y que ha recibido fuertes críticas de parte de los gremios periodísticos y organismos a favor de la libertad de expresión en el país.
Uno de los elementos que genera más preocupación es aquel que se incluye entre las recomendaciones para el trabajo periodístico en el contexto judicial. La Fiscalía especifica que hay la prohibición de circular información que corresponda a investigaciones previas, recordando la existencia del artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de uno a tres años como sanción para quien difunda esta información. Esto ha sido percibido como una amenaza de censura o autocensura para los periodistas, quienes muchas veces reciben información filtrada de los propios funcionarios de la Fiscalía.
En un comunicado, Fundamedios, una organización de la sociedad civil a favor de la libertad de expresión, reiteró sobre el uso de este artículo para censurar a la prensa “pues se puede utilizar como un factor amenazante frente a investigaciones periodísticas que pueden involucrar a la función pública”.
El texto sobre la filtración de información inscrito en la Guía elaborada por la Fiscalía de Ecuador.
Para la organización, el artículo 180 es contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y de prensa, “en los cuales se señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sometido a sanciones penales, pues acarrea restricciones indebidas y excesivas para la libertad de expresión, además que no considera el interés público de la información que puede ser difundida, por ejemplo en aquellos casos en los que se investigue posible corrupción de funcionarios y funcionarias”.
Francisco Rocha, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), aseguró que en la guía “incluso hay amenazas veladas”, según recogió Expreso. En declaraciones para ese diario local, Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aseguró que documentos como el mencionado “establecen censura y eso es inaceptable”.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que aseguró haber preparado el documento con el apoyo de los gremios y organizaciones que ahora lo critican y resaltó que el texto indicando que “no regula ni limita el ejercicio del periodismo y la comunicación”. No obstante, Fundamedios, que fue mencionado en la comunicación oficial, aclaró que conocieron “una versión preliminar al texto, pero los contenidos finales del protocolo son de entera responsabilidad de Fiscalía”.
La difusión sobre la guía de la Fiscalía sucedieron la misma semana en la que cinco periodistas fueron el blanco de ataques con memorias USB que traían explosivos escondidos.
Los dispositivos fueron recibidos, en sobres cerrados y anónimos, por los periodistas Lenin Artieda de Ecuavisa, Mauricio Ayora de TC Televisión, Miguel Rivadeneira de Radio Exa y Milton Pérez de Teleamazonas. El entrevistador Carlos Vera también debía recibir uno de estos sobres, pero el paquete no salió del servicio de mensajería.
De los cuatro dispositivos que sí llegaron a los periodistas, solo el recibido por Artieda estalló en medio de la redacción de noticias de la televisora nacional. La Policía informó que las USB tenían unas cápsulas explosivas de uso militar conocidas como RDX.
El 2022 fue un año letal para el periodismo ecuatoriano. Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa, la cifra más alta desde 2018.
Entre los casos recopilados por la fundación están los asesinatos de los periodistas Mike Cabrera, Gerardo Delgado y César Vivanco, el femicidio de Johanna Guayguacundo y la desaparición de Fernando León.
A estos asesinatos se suman los atentados y amenazas de muerte contra otros periodistas, los atentados contra las instalaciones del canal privado de televisión RTS en Guayaquil y contra Sono Onda de Portoviejo y la distribución de panfletos para alertar de agresiones contra civiles por la circulación del diario Extra.
Solo en febrero de 2023 se produjeron 26 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, ciudadanos y candidatos en Ecuador, según las cifras de Fundamedios.
APLP
