Mediante un pronunciamiento público, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz rechazaron las amenazas e intimidación de la jueza Tercera Anticorrupción, Claudia Castro, a la periodista María Ulo y al camarógrafo Marcelo Calle, ambos de la red televisiva ATB.
Los tres gremios de periodistas aseguran que la intimidación y las amenazas contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.
A continuación, transcribimos in extenso el texto del pronunciamiento:
CONTRA LA INTIMIDACIÓN A LA PERIODISTA MARÍA ULO
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) rechazan las amenazas e intimidación de la jueza Tercera Anticorrupción, Claudia Castro, a la periodista María Ulo y al camarógrafo Marcelo Calle, ambos de la red televisiva ATB, porque tales actos vulneran la libertad de expresión.
El viernes 26 la jueza Castro no sólo retuvo indebidamente en su oficina durante 40 minutos a Ulo y a Calle, sino que, en un afán claramente intimidatorio, intentó que la Policía arrestara a la mencionada periodista, quien se negó a eliminar imágenes obtenidas con su celular.
Hacemos notar a la jueza Castro, y por intermedio de ella a todas las autoridades jurisdiccionales, que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información están garantizados no sólo por la Constitución Política del Estado, sino por los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el país.
Específicamente, el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de efecto vinculante para Bolivia mediante el Bloque de Constitucionalidad, expresa que “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Es lamentable que la intimidación y las amenazas a la periodista María Ulo y al camarógrafo Marcelo Calle procedan de una autoridad que está llamada a garantizar no sólo las normas, sino también los principios y valores del Estado Constitucional de Derecho.
Conscientes de que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho humano, fundamental, llamamos a que no se cometan más intimidaciones ni se profieran más amenazas contra los periodistas, que con su esforzada tarea cotidiana contribuyen al fortalecimiento de la democracia.
Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia
Asociación de Periodistas de La Paz
Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz
La Paz, 29 de octubre de 2018
