Tomado de Comunicado Conjunto CIDH

COMUNICADO CONJUNTO- CIDH audiencia (rsf.org)

Latinoamérica, 09 de marzo de 2023.- La Red Voces del Sur, integrada por 17
organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Justicia
Global, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones frente a los asesinatos y
otros tipos de violencia contra periodistas y las deficiencias de los mecanismos de protección
para la prensa en los países en los que se ha implementado. Estas organizaciones solicitamos
que esta información se convierta en acciones para detener las graves violaciones a la libertad
de expresión y prensa en la región, dado que, desde los Estados no existe una respuesta
efectiva, e incluso son los principales agresores.


Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH, Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión
de la Comisión, indicó que el 2022 fue el año más letal contra la prensa. A su vez, señaló que
esperaba un mensaje honesto, franco y de solidaridad de las más altas autoridades de los
Estados. ”No puedo decir que no hubo, porque hubo unos tímidos mensajes. Pero, lo que sí
sonó con fuerza fueron mensajes estigmatizantes contra la labor periodística”. El relator acordó
que muchos periodistas que pidieron ayuda al Estado terminaron asesinados. “La tragedia está
a un paso”, destacó.
La Red Voces del Sur, a través de sus voceros: Paula Saucedo, de ARTICLE 19 en México,
Jonathan Bock, de FLIP en Colombia, y Angélica Cárcamo, de APES en El Salvador, indicaron
que América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde el 2018 se
han registrado 83 asesinatos, de los cuales, 39 se cometieron en 2022. El incremento es
tanto, que representa un crecimiento del 225% de homicidios en comparación al 2021. Del
mismo modo, se evidenció que el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión, el
sistema judicial persigue a la prensa que investiga y la impunidad de los crímenes contra
periodistas roza el 98% en algunos países. Estos problemas se agudizan, ya que no existen
políticas públicas integrales que den respuesta a las causas de esta violencia.
Por su parte, Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Lucía Lagunes Huerta, de
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Nadejda Marques, de Justiça Global
indicaron que los mecanismos de protección de periodistas carecen de coordinación entre las
distintas instituciones del Estado. Así, funcionan a menudo de manera aislada, con la “única
función” de garantizar la integridad física de las personas beneficiarias.
Añadieron que los mecanismos de protección tienen un largo camino por recorrer para
conseguir abordar el tema de una forma estructural, destacando aspectos como la insuficiencia
de recursos humanos y financieros, el análisis de riesgos y la aplicación de medidas de
protección, así como la falta de transparencia y participación social.
Las organizaciones también enfatizamos la ausencia de enfoques interseccionales y de
perspectiva de género en todos los mecanismos de protección de la región. Las mujeres
periodistas enfrentan dobles condiciones de riesgo al ejercer el periodismo en contextos
hostiles y ejercer la profesión en condiciones de desigualdad y discriminación basada en
género.
Ante un contexto de alta violencia, impunidad, vigilancia y constante estigmatización, las
organizaciones de la sociedad civil realizamos diversas peticiones a la CIDH enfocadas en
acciones que fortalezcan los mecanismos de protección por medio de la inclusión de: análisis
de riesgos con enfoque de género e interseccional; diseño de políticas centradas en investigar
y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada
en su labor informativa; recomendamos a los Estados acciones concretas de legitimación de la
labor periodística así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización
contra la prensa.
Además, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH- Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y
recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en
cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años, los insumos del Alto
Comisionado de la ONU y de la sociedad civil y realice sesiones periódicas con organizaciones
de la sociedad civil de los países donde existen programas de protección, lo que fue bien
acogido por los comisionados.
Las y los comisionados y el Relator de Libertad de Expresión y de Personas Defensoras de
Derechos Humanos se comprometieron a:

  • Organizar nuevos encuentros regionales entre sociedad civil y Estados para contribuir
    en el diseño de políticas públicas en la materia. Esto con el objetivo de fortalecer
    procesos transparentes y colaborativos.
  • Continuar con la asistencia técnica tanto a autoridades y organizaciones de la sociedad
    civil para avanzar generar mayores garantías para un ejercicio pleno del derecho a
    defender los derechos humanos.
  • Solicitar a los Estados donde hay mecanismos o instancias públicas que conducen
    análisis de riesgos intercambiar información con entidades de procuración de justicia
    —y en común acuerdo con las personas beneficiarias—, a fin de robustecer las
    investigaciones y brindar protección más integral.
    Ante las graves omisiones de los Estados para atender la grave crisis de violencia e
    inseguridad bajo la cual la prensa ejerce su labor, las 24 organizaciones que presentamos esta
    audiencia reiteramos nuestra voluntad por colaborar con la CIDH y los Estados de la región en
    beneficio de las y los periodistas y con ello fortalecer nuestras democracias.
    Firman:
    ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
    Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
    Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
    Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
    ASOPODEHU – Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
    Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo (Uruguay)
    CIMAC – Comunicación e Información de La Mujer (México)
    Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
    CPJ – Comité para la Protección de Periodistas
    Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
    Instituto DEMOS (Guatemala)
    Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
    Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
    Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
    Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS (Venezuela)
    FECOLPER – Federación Colombiana de Periodistas (Colombia)
    Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
    Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED (Nicaragua)
    Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
    FUNDAMEDIOS (Ecuador)
    Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile)
    Propuesta Cívica (México)
    Reporteros Sin Fronteras
    Terra de Direitos (Brasil)

APLP