Tomado de APLP
Asociaciones de periodistas de todo el país solicitaron audiencia a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su visita “in situ” a Bolivia que tendrá lugar entre el 23 y el 30 de marzo.
Mediante una carta dirigida a Tania Reneaum Panzi, secretaria ejecutiva de la CIDH, anuncian que presentarán un informe sobre la vulneración a la libertad de expresión y denunciarán la falta de garantías para el trabajo periodístico.
“Presentaremos información relevante y actualizada sobre la vulneración a las libertades de expresión y de prensa, los riesgos y amenazas que afectan el trabajo periodístico, así como la omisión del deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos”, sostiene la misiva firmada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
La presidenta de la ANPB Zulema Alanes explicó que el informe de las denuncias se socializará con las entidades integrantes de la institución antes de ser presentado a la comisión, y espera que la CIDH lo incluya en su informe final “Nos preocupa no solo la persistencia de la violación a la libertad de prensa en Bolivia sino el aumento de casos y la precarización del trabajo de los periodistas”, afirmó Alanes.
Las asociaciones de periodistas refieren que “hemos expresado en múltiples oportunidades nuestra preocupación sobre hechos de vulneración a la libertad de prensa y reclamado por la falta de respuesta de las autoridades estatales”. Sostienen que su pedido de audiencia “se ampara en el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo, la Carta Democrática Interamericana ha establecido la relación entre libertad de expresión y libertad de prensa como componentes esenciales de la democracia (Art. 4)”.
De acuerdo a la tipología de derechos vulnerados, el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS reportó que en 2022 la libertad de prensa fue el segundo derecho más vulnerado (36%) en el país, luego del derecho a la protesta (38%).
APLP