Tomado de Página SIETE
El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sobre su visita a Bolivia centra su atención en la crítica situación en la que se encuentra la justicia boliviana por su dependencia del poder político, insta a su reforma integral en el marco de la elección de los nuevos magistrados por lo que y pide que todas las fuerzas políticas participen de la concertación.
Sin embargo, también aborda otros problemas centrales de la vida nacional, entre ellos la situación de crisis en la que se encuentran los medios de comunicación independientes, la exclusión de los indígenas de las políticas públicas, la persistencia de la violencia hacia las mujeres y el daño al medio ambiente. En contrapartida, también encontró avances en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza.
La mención a los casos de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador Luis Fernando Camacho y el dirigente cocalero César Apaza se realiza en el marco de la situación carcelaria y con distancia. De hecho, señala que se “autoindentificaron” como presos políticos y no asume una posición al respecto.
A continuación, desglosamos el informe, poniendo énfasis en los temas aún no desarrollados en los medios:
Medios en crisis
La Comisión advierte que los medios del Estado tienen importante financiación, mientras que los demás se enfrentan a una crisis de sostenibilidad. “La CIDH nota la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”, indica el reporte.
Y, aunque observó “un amplio ejercicio de la libertad de prensa”, al mismo tiempo “recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”. En ese marco, la CIDH expresa su preocupación por la escalada de agresiones a periodistas, particularmente en Santa Cruz, lo que lleva a la autocensura y a interrumpir transmisiones.
Sin embargo, también hace notar que hay reportes que “cuestionan determinadas coberturas periodísticas de eventos de interés público en Bolivia” y afirma que “los medios de comunicación pueden defender sus líneas editoriales sin que ello implique el desconocimiento de hechos verificables, contrastados y contextualizados”.
Pueblos indígenas relegados
La Comisión indica que, a pesar de los avances garantizados por la Constitución de 2009, “le preocupa que algunos pueblos indígenas han expresado no sentirse incluidos en las políticas públicas”. Por ejemplo, cita a los afrodescendientes que, si bien tienen reconocimiento legal, la Comisión recibió información sobre la falta de participación y representación de personas en espacios de tomas de decisión, así como de situaciones de discriminación e intolerancia contra este grupo étnico-racial.
Daño al medio ambiente
En cuanto al medio ambiente y el acceso al agua, la CIDH dice que recibió información sobre la contaminación hídrica y sus impactos en la salud por minería y uso indiscriminado de mercurio; así como deforestación vinculada con proyectos extractivos, inclusive de cielo abierto.
También recibió información sobre el avance de la construcción de una carretera en los territorios TIPNIS y TIM y asegura haber recibido denuncias sobre el aumento de las actividades ilegales de deforestación, avasallamientos de tierras e incendios producto de la expansión agrícola sin control en áreas protegidas.
No cesa la violencia hacia las mujeres
A 17 años de su anterior visita in loco, la CIDH afirma “con profunda preocupación que persisten los elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas, y que existe una escasez de los servicios de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados para las sobrevivientes”. Sin embargo, también destaca avances en esta materia, como la apertura de Centros Integrales contra la Violencia, la elaboración de un proyecto de reformas para fortalecer la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” en 2022, y la instalación de la Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio en 2021.
Sin embargo, hace notar que persisten obstáculos “de hecho y derecho” para acceder a la interrupción legal del embarazo, pese a que existe una sentencia constitucional que facilita el acceso de esta práctica en casos específicos.
La salud en la mira
La Comisión dice haber recibido información sobre la necesidad de fortalecer el sistema de salud y cuidados del Estado y de aumentar la dotación de personal y tecnologías sanitarias. Sumado a ello, preocupa la falta de una política pública y legislación a nivel nacional en materia de salud mental.
Avances en inclusión y lucha contra la pobreza
La Comisión “observó avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes, que partieron del reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional, multicultural y de la adopción de un modelo económico social comunitario productivo”, aunque hace notar que persiste la violencia partidista, producto de una extrema polarización política, que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana que urge ser superada.
En la temática de los derechos económicos y sociales, la comisión valora positivamente la reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema en el país; así como los datos sobre recuperación económica tras la desaceleración ocasionada por la pandemia de COVID.
Discriminación histórica
La Comisión afirma que hubo avances en este tema con la aprobación de leyes y políticas de despatriarcalización y descolonización, pero que “dicho proceso se ha enfrentado a fuertes resistencias en contra de la igualdad por motivos de origen étnico racial, género, orientación sexual e identidad de género.”
Grupos violentos en Santa Cruz
La CIDH advierte que se ha identificado el uso de la violencia, especialmente, en los “36 días de paro”. “El transcurso de manifestaciones pacíficas durante el paro contrasta con episodios extremadamente violentos, que escalaron durante el tiempo. Lo anterior debido al enfrentamiento de grupos de choques civiles partidistas, que derivó en personas heridas y al menos una fallecida”. Sin embargo, la CIDH también conoció de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial.
La comisión también advierte este tipo de actuación tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho por parte de grupos civiles.
Justicia dependiente
Y, sin duda, el tema central del informe es la falta de acceso a la justicia que, según la CIDH, “afecta a la sociedad boliviana entera”, por dos razones: la primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial.
“A pesar de los avances identificados desde 2007 y de los esfuerzos para avanzar con reformas al sistema de justicia, en el marco de la visita, recibimos preocupante información sobre la falta de independencia, debilidad, ineficiencia, y falta de transparencia del Sector Justicia”, afirma la Comisión.
En ese marco propone una reforma integral de la justicia aprovechando que está en curso la elección de magistrados de las altas cortes. Recomienda, por eso, que la selección de candidatos a las altas cortes debe ser realizada de forma concertada con todas las fuerzas políticas.
La CIDH halla problemas de larga data como la corrupción judicial, la retardación, el bajo presupuesto, las excesivas detenciones preventivas y la existencia de tipos penales poco claros y objetivos como sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes.
Añez, Camacho y Apaza
En el marco de la situación de hacinamiento carcelario, la comisión informa que se entrevistó con personas privadas de libertad, entre ellas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el dirigente cocalero Cesar Apaza, y a la expresidenta Jeanine Añez, “personas que se autoidentificaron como presos políticos y cuyos requerimientos han sido puestos en conocimiento del Estado”.
Agrega que ha tomado nota de los procesos penales en contra de estas personas y recuerda que, conforme a estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención.
Sin embargo, no asume una posición respecto a la situación de ellos y mantiene distancia con sus casos.
Pedido de reconciliación
La comisión concluye indicando que “la sociedad boliviana en su conjunto tiene una oportunidad excepcional para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de reconciliación. Para ello, se alienta a toda la sociedad a que redoble sus esfuerzos para generar verdaderos espacios de consenso que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad y que faciliten la comprensión mutua. Consenso significa renunciar, en ocasiones, a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común”.
APLP
