Tomado de Página SIETE
CC denuncia: MAS proyecta “ley madre maldita” para coartar libertad de expresión (paginasiete.bo)
Comunidad Ciudadana (CC) denunció es jueves que el MAS volvió a agendar un proyecto de ley que busca instrumentalizar la defensa de los derechos humanos para coartar el derecho a la libre expresión. Esa alianza indica que de aprobarse el proyecto se daría un marco normativo internacional -una “ley madre maldita”- al paquete de leyes que el oficialismo busca poner en vigencia.
El proyecto de ley en cuestión es el PL 381, a través del cual se busca ratificar dos convenciones internacionales sobre la lucha contra el racismo y la discriminación, los cuales fueron firmados por Bolivia en 2015.
“Queremos hacer la denuncia pública ante los medios de comunicación y la población sobre el tratamiento de un proyecto de Ley, el 381, que forma parte del paquete de leyes malditas que está trabajando el Gobierno, instrumentalizando los derechos humanos, con la cual pretende coartar la libertad de expresión de los bolivianos”, señaló la senadora de CC, Nelly Gallo, en conferencia de prensa.
De acuerdo con la legisladora, el proyecto de ley, presentado originalmente en 2017, fue rechazado en ese año, pero fue repuesto por el MAS en enero. La opositora dijo que esa propuesta de norma daría “un marco normativo internacional” a otros proyectos presentados por el oficialismo, como el de control de redes sociales, el de cumplimiento de compromisos en materia de DDHH y el de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Este proyecto de ley en su artículo único pretende aprobar la ratificación de dos convenios internacionales, que bajo el nombre, muy bonito como es la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, ocultan grandes peligros para las libertades de los bolivianos, amordazando cualquier tipo de expresión y dándole al Estado un suprapoder”, señaló.
Gallo agregó que el proyecto 381 daría al Estado la potestad de regular no solamente el internet y las redes sociales, sino también cualquier medio de comunicación, ya sea escrito o digital, “bajo el concepto de que cualquier expresión puede ser intolerante bajo el criterio establecido por quien maneja el Estado en este momento, convirtiéndose así en un instrumento de excesivo poder que puede ser utilizado de manera discrecional y arbitraria”.
Asimismo, la legisladora indicó que las convenciones que el oficialismo busca ratificar exhortan a los países que han sido firmantes a modificar el código penal, lo que va en coherencia con el paquete de leyes (304, 305 y 280) que el Gobierno pretende aprobar. .
“Todas estas leyes están dirigidas en contra de la población y tienen la intención de perseguir políticamente y amordazar cualquier tipo de opinión contraria al Gobierno. Esta ley, al dar un marco normativo internacional se convertiría y daría viabilidad de aplicación a estas otras leyes ya mencionadas en una ‘ley madre maldita’ que puede dar viabilidad a que estas otras leyes puedan ser factibles en su aprobación y aplicación a nivel nacional, sin ningún marco de restricción, dándoles un marco de protección internacional”.
La senadora agregó que los dos convenios que se busca ratificar fueron rechazados por la mayoría de los países de la OEA, así como por exrelatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estas convenciones han sido ratificadas solamente por dos países de los 35 miembros de la OEA, más de 5 países han rechazado su tratamiento y el resto de países ni siquiera han contemplado su tratamiento. También se tiene conocimiento que no solamente Canadá y EEUU han rechazado de forma contundente, sino también instituciones a nivel internacional que protegen los derechos humanos la han rechazado, como la CIDH, exrelatores y autoridades de la CIDH manifestaron sus observaciones y su rechazo a estas convenciones”, expresó.
En una revisión realizada por Página Siete Digital se pudo constatar que en el caso de una de las convenciones, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, sólo México y Uruguay la ratificaron; mientras que en el caso de la segunda, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, seis países la ratificaron.
APLP
