Tomado de Los Tiempos
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresa su preocupación por el diagnóstico de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en su último informe ha concluido que en Bolivia «Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas».
Lo afirmado por la SIP coincide plenamente con la realidad de los altos riesgos y amenazas por las que está atravesando la libertad de prensa y de expresión en Bolivia, a partir de los intentos de imponer leyes que las vulneran abiertamente, como los proyectos de Ley 305/2023 y 381/2016 que aún no se han anulados, señala el pronunciamiento.
La ANPPB señala que el acoso judicial violatorio a la Constitución y la Ley de Imprenta, como el último juicio contra los periodistas Zabala, Vargas y Ruth, procesados en la vía ordinaria usando una Inteligencia Artificial; la presión discriminatoria contra los medios independientes a través de la inequitativa inversión publicitaria estatal; y la violencia directa contra periodistas reflejada en los más de 200 casos registrados en los últimos dos años.
«Lamentamos que el Gobierno nacional y los voceros afines al partido de Gobierno, intenten descalificar el informe y para ello distorsionen las conclusiones preliminares de la misión de la CIDH durante su vista a Bolivia, usando solamente la parte que indica que «durante su visita» (es decir durante los cinco días en que estuvo la misión de la CIDH en el país) «observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa», y omitiendo de manera interesada los otros tres acápites del informe preliminar, donde el organismo interamericano expresa su preocupación respecto a «la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia», observa la SIP.
La «escalada de agresiones a periodistas en los últimos años», los «distintos episodios de autocensura», «la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores de periodistas por parte de la justicia», «los discursos estigmatizantes y/o que puedan alentar a la violencia o discriminación», y «la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios», advierte la SIP.
«Saludamos que existan instituciones y organismos internacionales que hagan vigilancia y seguimiento de la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la libertad de expresión y de prensa en Bolivia, y difundan estos riesgos a nivel mundial para que se activen los mecanismos pertinentes respecto al gobierno y a los sectores que la vulneran», destaca la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.
APLP