Tomado de Brújula Digital

https://www.brujuladigital.net/politica/los-guerreros-digitales-una-granja-de-trolls-contra-la-libertad-de-expresion

Gran reportaje de Adriana Gutiérrez

Este reportaje fue realizado con el apoyo y en el marco del convenio entre el CEDIB, la ANPB y la embajada alemana.

El domingo 18 de junio de 2023, la página de Facebook del medio digital Cabildeo Digital amaneció hackeada, evidenciando un claro intento de paralizar los servicios que este medio ofrece a sus 220.000 seguidores en esa red social. Cabildeo Digital, dirigido por la reconocida periodista Amalia Pando, es uno de los medios independientes más seguidos de Bolivia.

Este no es el primer ataque que sufre Amalia Pando, una periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación y ganadora de varios premios nacionales e internacionales. En agosto de 2015, al entregar su renuncia a la radio Erbol, denunció la «asfixia» económica impuesta por el gobierno del expresidente Evo Morales a esa red de radios, limitando su acceso a la publicidad estatal.

En Bolivia, los guerreros digitales han surgido como una preocupación significativa debido a su papel en el ataque y acoso a periodistas y medios de comunicación independientes. Estos grupos organizados utilizan cuentas falsas en redes sociales para difundir desinformación, desacreditar a periodistas críticos y promover agendas políticas específicas. Su objetivo principal es influir en la opinión pública y manipular la narrativa en línea.

Según El Artículo 107 de la Constitución Política del Estado se garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión.

Informe de Meta revela violaciones masivas: Guerreros digitales eliminados tras publicar mensajes ofensivos y falsos

Los guerreros digitales actúan bajo el anonimato y el seudónimo, lo que dificulta rastrear su identidad y responsabilizarlos por sus acciones. Utilizan perfiles falsos con imágenes de figuras políticas y emiten mensajes amenazantes, racistas y ofensivos. Además, se ha observado que estos guerreros digitales aprovechan las redes sociales para generar corrientes de opinión y promover ataques masivos contra periodistas y medios de comunicación independientes.

Aunque la mayoría de estos ataques dificultan la identificación de los responsables debido a la utilización de cuentas falsas, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y otras subsidiarias, realizó un importante desmantelamiento de cuentas falsas vinculadas a los gobiernos de Cuba y Bolivia en febrero de este año. Estas cuentas eran utilizadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores, incluyendo periodistas.

En el informe de Meta se lee claramente que las cuentas dadas de baja pertenecen a los denominados “guerreros digitales» vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS).

Según el informe de Meta, se identificaron y eliminaron un total de 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas en Instagram que estaban siendo utilizadas por los guerreros digitales. Estas cuentas violaron las políticas de comportamiento al difundir mensajes ofensivos, falsos y acosadores dirigidos a opositores políticos, medios de comunicación independientes y periodistas.

El informe también reveló que al menos 2,3 millones de cuentas siguieron una o más de estas páginas, alrededor de 57 mil cuentas se unieron a uno o más de estos grupos y al menos 23.000 cuentas siguieron una o más de las cuentas falsas en Instagram.

Es preocupante destacar que estas cuentas falsas utilizaron recursos estatales para promover sus actividades. Según el informe de Meta, se estima que gastaron más de $us 1,1 millones en anuncios en Facebook e Instagram, principalmente pagados en moneda boliviana, lo que equivale a más de 7 millones de bolivianos.

Los guerreros digitales operan utilizando perfiles falsos en redes sociales para difundir información engañosa, desacreditar a sus opositores y acosar a periodistas y medios de comunicación independientes. Su objetivo es influir en la opinión pública y socavar la credibilidad de aquellos que critican al gobierno.

Estos ataques no son aislados, y desde 2016, cuando se dieron a conocer los guerreros digitales, varios medios de comunicación han sido víctimas de situaciones similares a las experimentadas por Cabildeo Digital. Entre los medios afectados se encuentran Página Siete, Erbol, ANF, Brújula Digital y otros.

Ante estos desafíos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tiene el mandato de promover y proteger el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa y otros derechos de los periodistas y trabajadores de los medios.

Estos ataques evidencian la necesidad de tomar medidas para proteger la integridad de la información en línea y garantizar la transparencia en el uso de los recursos estatales. Además, subrayan la importancia de fortalecer la libertad de prensa y proteger a los periodistas que investigan y denuncian casos de corrupción e injusticias en beneficio de la sociedad.

En Bolivia hay más cuentas de Facebook que habitantes en cinco departamentos

En Bolivia, se ha descubierto que existen más cuentas de Facebook que habitantes en cinco departamentos del país. Esta situación revela la estrategia utilizada por los guerreros digitales, quienes se valen del anonimato y seudónimos para difundir desinformación, amedrentar y atacar a los medios de comunicación.
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Un ejemplo de esta estrategia es el uso de perfiles falsos que utilizan imágenes del actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, indicando «saluden a su próximo presidente». Otros mensajes emitidos advierten a los funcionarios de que serán expulsados del MAS-IPSP si no defienden al MAS y no muestran lealtad ideológica.A través de estos mensajes, los guerreros digitales anónimos atacan y cuestionan a periodistas reconocidos como Amalia Pando y Jhon Arandia. Bajo el anonimato, incitan a la confrontación y emiten mensajes racistas. Por ejemplo, la cuenta «Piojo cabron» aboga por la creación de milicias para supuestamente proteger a Bolivia de la destrucción que, según ellos, podría ser causada por la derecha.

Según un estudio realizado por el analista de datos Tonny López, se encontró que, en Bolivia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2022, la población total es de 12.006.031 habitantes, mientras que la cantidad de cuentas en Facebook casi alcanza esa cifra con 10.547.491. Sorprendentemente, en al menos cinco departamentos, el número de perfiles en Facebook supera la cantidad de habitantes.En el departamento de Oruro, con una población de 553.088 habitantes, se han registrado 1.202.414 cuentas en Facebook. En Chuquisaca, con una población de 661.116 habitantes, se cuentan 970.369 perfiles en las redes sociales. Tarija, con 601.214 habitantes, tiene registradas 1.033.654 cuentas. En Beni, con 516.338 habitantes, el número de cuentas asciende a 791.061. Y en Pando, con una población de 163.727 habitantes, las cuentas en Facebook se sextuplican, alcanzando las 675.039.
Esta historia no comienza aquí

En un hecho inédito a nivel periodístico internacional, que un país destine recursos estatales para pagar a individuos cuya labor consiste en desinformar a través de las redes sociales. Este fenómeno adquirió relevancia el viernes 15 de abril de 2016, cuando Evo Morales, durante su visita al Vaticano, estrenó su cuenta en Twitter. Esto sucedió después de que el Gobierno boliviano responsabilizara en varias ocasiones a las redes sociales, en particular a Twitter y Facebook, por su derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la población boliviana rechazó su intención de modificar la Constitución para acceder a la tercera reelección de manera consecutiva.

Estos individuos, conocidos como «guerreros digitales», forman parte del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En el año 2016, se hizo público el establecimiento de la Dirección de Redes Sociales, dependiente del entonces Vice ministerio de Gestión de Comunicación, cuya misión era desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con las comunidades en línea.

Sin embargo, lo que parecía ser una labor de difusión de información se transformó en un grupo de choque del MAS. Utilizando las redes sociales, estos guerreros digitales se dedicaron a desprestigiar, crear campañas engañosas y utilizaron recursos estatales, incluso instalaciones como la del teleférico, desde donde lanzaban sus ataques.

Pocos meses después de la creación de esta Dirección, el MAS en Cochabamba anunció que ya contaba con 80 «guerreros digitales» dispuestos a trabajar sin remuneración para «difundir la verdad» en las redes sociales. En el año 2018, se reveló que, desde la creación de la Dirección de Redes Sociales mediante el Decreto Supremo 2731 de abril de 2016, el Ejecutivo destinó 8,2 millones de bolivianos al funcionamiento de esta entidad encargada de difundir la «gestión de Gobierno» a través de medios virtuales. Además, se descubrió que cada mes esta oficina gubernamental destinaba 380 mil bolivianos en salarios para 37 funcionarios, cuyos sueldos oscilaban entre 5 mil y 18 mil bolivianos.

De esta manera, los llamados «guerreros digitales» comenzaron a utilizar las plataformas digitales como instrumentos políticos de ataque, desprestigio y agresión, escudándose en perfiles falsos y, en muchos casos, utilizando cuentas pagadas para amplificar mensajes de descalificación. Este uso indebido de los recursos estatales plantea cuestionamientos sobre la ética y transparencia en la gestión de la comunicación política en Bolivia.

Periodistas bolivianos denuncian amenazas de muerte y acoso en redes sociales

Periodistas bolivianos enfrentan una realidad alarmante: amenazas de muerte y acoso en las redes sociales. Mery Vaca, exdirectora de Página Siete, ha identificado que estos ataques a los medios de comunicación surgieron durante el gobierno de Evo Morales, a través de un discurso cargado de odio. Aunque el actual presidente, Luis Arce, ha moderado su retórica en contra de los medios, el nivel de agresión se ha vuelto cada vez más directo y preocupante.

Vaca destaca que una de las formas de acoso que más la inquieta es la que ocurre en las redes sociales. Un claro ejemplo de ello es el caso del caricaturista Abecor, quien ha recibido amenazas de muerte en al menos cinco ocasiones entre abril de 2020 y noviembre de 2021. Estas amenazas surgieron después de que publicara una caricatura que hacía referencia al procurador del Estado, Wilfredo Chávez. Sin embargo, estas amenazas no se limitan a un caso específico, ya que Vaca afirma que «también recibimos amenazas el resto de los periodistas a través de las redes sociales. Nos dicen que nos van a matar, que nos van a violar, que conocen nuestros domicilios y hasta mencionan a nuestros hijos».

Esta situación genera un clima de temor e inseguridad para los periodistas, quienes se enfrentan a un constante hostigamiento que limita su labor informativa. La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se ven amenazados por esta violencia digital, que busca silenciar a quienes intentan comunicar la verdad.

Ante esta problemática, es fundamental que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de los periodistas y proteger su integridad física y emocional. Asimismo, se requiere una mayor conciencia y educación en el uso responsable de las redes sociales, promoviendo el respeto y la tolerancia en el espacio digital.

La lucha contra el acoso y las amenazas en las redes sociales es un desafío que debe ser abordado de manera urgente. Los periodistas bolivianos merecen poder realizar su trabajo sin temor a represalias, y la sociedad en su conjunto debe defender la libertad de prensa como uno de los pilares fundamentales de la democracia.

La libertad de prensa amenazada en Bolivia: ataques y silenciamiento desde 2019

El último informe de Reporteros Sin Fronteras revela un sombrío panorama para la libertad de prensa en Bolivia. Según el informe, el país ocupa el puesto 117 en el ranking mundial y se sitúa antepenúltimo en la región. Los medios de comunicación independientes enfrentan fuertes presiones económicas, mientras que aquellos vinculados al Estado disfrutan de privilegios, en gran parte debido al control en la distribución de la publicidad institucional. Esta situación ha llevado al cierre de los medios, lo que tiene consecuencias desastrosas para el panorama mediático del país.

Un ejemplo claro de esta situación es el reciente cierre del periódico Página Siete y el llamado «En apoyo a la prensa libre» emitido por el periódico Los Tiempos de Cochabamba. En dicho llamado, se dirigen a los lectores y a la ciudadanía en general, solicitando su respaldo para garantizar la sostenibilidad de las operaciones de los medios de comunicación.

La situación se agrava en el contexto político, marcado por las convulsiones e inestabilidad tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019. Desde entonces, los ataques contra la prensa han sido constantes: intimidaciones, hostigamiento, agresiones físicas, robo de material y censura en radio y televisión. Los periodistas son objeto de estigmatización, sufriendo acoso verbal y ataques a su reputación de forma frecuente.

Uno de los ataques más impactantes fue el incendio de la casa de la periodista Casimira Lema, quien en ese momento formaba parte de Televisión Universitaria. Cuando intentó denunciar el incidente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue recibida con gritos y hostigamiento. Hasta ahora, los responsables de esa agresión no han sido identificados. Lema denuncia la falta de instancias que defiendan a los periodistas y protejan su trabajo en beneficio de la población. Esta periodista se pregunta si, ¿los periodistas tienen derechos en Bolivia, ya que muchos casos de agresión quedan impunes?Después de cuatro años desde el incidente en su hogar, Lema continúa sin encontrar justicia ni responsables. Sin embargo, mantiene su determinación y sostiene la verdad como su estandarte, confiando en que la historia eventualmente revelará la verdad. Al mismo tiempo, cuestiona por qué debe esconderse y por qué se le niega la oportunidad de ejercer su labor periodística frente a una cámara o un micrófono. Para ella, ser una víctima no implica victimizarse, y está decidida a mantenerse firme, siempre con la verdad y con la frente en alto.
Existen diversos artículos y declaraciones internacionales que defienden la libertad de expresión y la importancia de un periodismo independiente. Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones». Además, la Resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a los Estados a garantizar la protección de los periodistas y a tomar medidas para prevenir la impunidad en los casos de violencia contra ellos.

Asimismo, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han denunciado la falta de libertad de prensa en Bolivia y han llamado a las autoridades a garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio periodístico. Estas organizaciones también resaltan la importancia de un periodismo independiente y la necesidad de proteger a los periodistas de cualquier forma de represión o violencia.

La red de desinformación global: Páginas administradas desde 14 países atacan a medios y periodistas

Un estudio realizado por la plataforma de verificación de noticias Cheque Bolivia revela un preocupante panorama: existen páginas que difunden desinformación y son utilizadas para atacar a medios, periodistas y opositores al gobierno mediante los llamados guerreros digitales. A pesar de que Meta ha eliminado millones de cuentas falsas en redes sociales, estas páginas siguen operando y generando impacto.

En el informe de Chequea Bolivia, Enid López, Fact Checker en Jefe, destaca que estas páginas han estado vigentes desde el gobierno de Evo Morales, pasando por el gobierno de transición de Jeanine Áñez y continuando hasta la administración actual del presidente Luis Arce. Sorprendentemente, se descubre que están siendo administradas por 332 usuarios de Facebook distribuidos en 14 países, con especial presencia en España y Argentina. Algunas páginas son administradas por más de 10 personas de un mismo país, mientras que otras son manejadas por individuos que residen en diferentes países.

El análisis de datos revela un aumento progresivo en la creación de estas páginas desde 2018 hasta 2020, coincidiendo con el periodo preelectoral y los conflictos políticos vividos en Bolivia. Pero, ¿cómo se financian estas páginas? Chequea Bolivia detectó que algunas ofrecen servicios de suscripción a los usuarios, con tarifas mensuales que oscilan entre 13,91 y 34,87 bolivianos. Los pagos se realizan a través de tarjeta y sistemas de pago en línea, como Meta Pay.

Enid López destaca que la desinformación no se limita solo a Facebook, sino que también se ha propagado en plataformas como TikTok, lo cual es preocupante debido a la cantidad de contenido falso que se comparte en esa red.

La periodista Nancy Vacaflor, directora informativa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), denuncia una vulneración sistemática de los derechos de los periodistas, incluyendo las condiciones laborales. Según Vacaflor, se busca afectar la credibilidad y estigmatizar a los profesionales de la comunicación, generando un deterioro en las instituciones y socavando la confianza de los ciudadanos en la policía y la fiscalía. Esto no sólo perjudica a los periodistas, sino también a la democracia en su conjunto, asegura la periodista.Concluye diciendo: “La lucha contra la desinformación y la protección de la libertad de prensa son desafíos urgentes que deben abordarse para preservar una sociedad informada y fortalecer la democracia en Bolivia”.

El acoso y la violencia perpetrados por los guerreros digitales atentan contra el derecho al trabajo de un grupo específico de defensores de derechos humanos, en este caso, los trabajadores de la prensa. Estas acciones exponen a los periodistas a riesgos significativos para su salud mental y física, así como para las garantías de su derecho al trabajo.

En particular, se deben tener en cuenta los siguientes artículos que se ven amenazados por el acoso y la violencia de los guerreros digitales:

Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables.

Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que protege derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, asegurando la seguridad y la salud en el entorno laboral.

Guerreros Digitales: Manipuladores de la verdad

Los guerreros digitales en Bolivia son grupos organizados que se dedican a difundir desinformación, generar ataques virtuales y manipular la opinión pública a favor de determinados intereses políticos o gubernamentales. Estos grupos utilizan estrategias sofisticadas y coordinadas para influir en la narrativa y el discurso en las redes sociales.

Una de las principales características de los guerreros digitales es el anonimato. Éstos operan bajo seudónimos o perfiles falsos, lo que les permite ocultar su identidad y evitar consecuencias legales por sus acciones. Los guerreros digitales utilizan múltiples cuentas en redes sociales para amplificar sus mensajes y crear la ilusión de un respaldo masivo. Además, éstos emplean técnicas de manipulación como la creación de bots y la compra de seguidores y reacciones para dar mayor visibilidad a sus publicaciones.

Estos grupos se enfocan en difundir desinformación y noticias falsas, atacar a opositores políticos, periodistas y medios de comunicación independientes, y generar un clima de hostilidad y polarización en línea. Utilizan tácticas de acoso, insultos y amenazas para intimidar y silenciar a sus objetivos. Además, suelen aprovechar eventos políticos o situaciones de conflicto para intensificar sus ataques y manipular la opinión pública.

Es importante destacar que los guerreros digitales en Bolivia no actúan de forma aislada, sino que están respaldados por estructuras más amplias, como las denominadas «granjas de trolls». Estas granjas son centros de operaciones donde se concentra un grupo de personas pagadas para llevar a cabo acciones coordinadas de manipulación en línea. Los trolls son asignados a diferentes tareas, como la creación de contenido desinformativo, la difusión masiva de mensajes en redes sociales y la propagación de ataques contra determinados individuos o grupos.

El objetivo principal de los guerreros digitales y las granjas de trolls es influir en la opinión pública, distorsionar la verdad y debilitar la credibilidad de medios y figuras críticas al gobierno. Su accionar representa una amenaza para la libertad de expresión, el periodismo independiente y la democracia misma, ya que socavan la confianza en la información veraz y dificultan el debate público informado.

El submundo de los guerreros digitales: Manipulación, amenazas y uso de recursos públicos

En el oscuro mundo de los guerreros digitales en Bolivia, el periodista Andrés Gómez ha descubierto una red de funcionarios públicos que se dedican a crear perfiles falsos en redes sociales. Según Gómez, «Estos individuos pasan la mayor parte de su tiempo compartiendo y comentando en páginas de redes sociales, generando corrientes de opinión en favor del partido político en el poder». Además, se dedican activamente a agredir verbalmente a quienes se oponen a sus intereses y participan en manifestaciones y protestas para amplificar sus mensajes en línea.De acuerdo con las revelaciones de Gómez, a estos funcionarios se les exige crear cuentas falsas adicionales a sus perfiles reales, desde las cuales deben respaldar las opiniones, declaraciones y decisiones políticas de los gobernantes. Al respecto, algunos de ellos admitieron tener hasta diez cuentas falsas, aunque reconocieron que es difícil mantenerse al tanto de todas ellas. Gómez plantea la pregunta: «¿Cuándo trabajan si están tan ocupados con estas tareas?».

El periodista también indagó sobre las consecuencias de incumplir con estas obligaciones. Los funcionarios reconocieron que existe una vigilancia constante por parte de agentes políticos y que las sanciones por no cumplir pueden ser severas, incluso llegando a la pérdida del empleo. Por otro lado, aquellos que cumplen con éxito reciben recompensas, siendo el mayor premio la posibilidad de trabajar en importantes instituciones gubernamentales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según señala Gómez.

El propósito principal de este grupo de guerreros digitales, según las palabras de Gómez, es «influir en la opinión pública mediante la generación de corrientes de opinión favorables al gobierno». Si bien algunos participan por necesidad, otros lo hacen por convicción, creyendo fervientemente en el denominado proceso de cambio. Sin embargo, Gómez destaca preocupantemente que «el dinero utilizado para pagar a estos guerreros digitales proviene de los impuestos y, por lo tanto, de los recursos públicos», desviando fondos que deberían destinarse al bienestar de la sociedad para financiar actividades antidemocráticas y manipulativas.

Andrés Gómez subraya que el descubrimiento de esta red de guerreros digitales pone en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas para salvaguardar la transparencia y la integridad del debate público en Bolivia. En sus palabras, «es imperativo que los recursos públicos sean utilizados para promover el bienestar de la sociedad en su conjunto y no para perpetuar intereses políticos o partidistas». Destaca que la lucha contra la manipulación en línea y la defensa de la democracia requieren una acción decidida por parte de las autoridades y la sociedad en general, resaltando la importancia fundamental de la libertad de prensa para la libertad de expresión.

Ataques en la era digital: Amedrentamiento y violencia contra periodistas en Bolivia

En un mundo cada vez más conectado, la violencia contra periodistas ha trascendido del terreno físico al ámbito digital, como advierte Rodolfo Huallpa, responsable de comunicación del Observatorio de Defensores de la Unión de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS). Según Huallpa, «cualquier agresión hacia los periodistas atenta contra la libertad de prensa, un pilar fundamental de la libertad de expresión». En Bolivia, estas condiciones se han vuelto cada vez más complejas y hostiles, tanto en el terreno físico como en el entorno digital.Huallpa destaca que los periodistas no sólo tienen el rol de informar, sino que también se convierten en defensores de derechos. Desempeñan una labor crucial al ayudar a aquellos que buscan justicia, siendo un apoyo comunicacional y llevando la voz de diversas causas a diferentes estratos de la sociedad.

Sin embargo, atacar a un periodista o a un medio de comunicación, ya sea físicamente o en el entorno digital, socava esta labor sensible y vital en la sociedad, que es la defensa de derechos. Según informa Huallpa, lamentablemente se registraron siete casos denunciados de violencia ejercida contra periodistas en el ámbito digital en Bolivia durante el año 2022. Estos ataques van desde el amedrentamiento en las redes sociales, aprovechando el anonimato, hasta amenazas directas a periodistas y medios de comunicación. Además, se han reportado casos de robo de credenciales, lo que impide ejercer el periodismo en estas plataformas. A pesar de las denuncias, aún no se ha identificado a los responsables.

El periodismo desempeña un papel fundamental en la sociedad, ya que nos permite conocer la realidad que nos rodea y estar informados sobre los acontecimientos que suceden en el mundo. Por esta razón, es vital que los periodistas realicen su labor de manera ética y responsable.

En este contexto, es imprescindible que los periodistas cuenten con las herramientas necesarias para realizar su trabajo de manera efectiva. Esto implica tener acceso a información veraz y confiable, así como la libertad para investigar y publicar noticias sin temor a represalias.

La protección de los periodistas y la promoción de un entorno seguro para su ejercicio profesional son responsabilidades compartidas por el Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Como destaca Huallpa, «sólo mediante un compromiso conjunto se podrá preservar la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan llevar adelante su misión de informar, empoderar y defender los derechos de la ciudadanía».

Cabildeo Digital recupera el control de su página de Facebook

En medio de la batalla contra los guerreros digitales, Cabildeo Digital ha logrado recuperar su página de Facebook de manos de los ciberatacantes. El pasado 29 de junio de 2023, este medio independiente celebró que Facebook devolviera el control total de su página, junto con sus 220 mil seguidores

Sin embargo, no todos los medios han tenido la misma suerte. Erbol Digital, por ejemplo, continúa luchando por recuperar su página, la cual aún cuenta con 512 mil seguidores sin poder ser recuperados.

Este hito también plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas de seguridad en las plataformas de redes sociales y la responsabilidad de las mismas en proteger la integridad de las cuentas de usuarios legítimos.

Enfrentar y contrarrestar la influencia de los “guerreros digitales” requiere de una combinación de medidas, como promover la alfabetización mediática, fortalecer la verificación de datos y la transparencia en las redes sociales, y fomentar una cultura de respeto y diálogo en línea. Asimismo, es fundamental que los gobiernos y las plataformas digitales implementen políticas y mecanismos efectivos para detectar y desmantelar estas redes de desinformación, garantizando la protección de la libertad de expresión y la integridad de los espacios virtuales.

En resumen, los informes de Meta y otras fuentes proporcionan evidencia clara de las acciones desinformativas y violentas de los guerreros digitales en Bolivia, las cuales son perpetradas con impunidad y toleradas por autoridades y funcionarios públicos. Es necesario tomar medidas enérgicas para prevenir y sancionar estos actos, fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en línea y fomentar una cultura de respeto y diversidad en el ámbito digital. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Adriana Gutiérrez es periodista

APLP