Tomado de Página SIETE

Proyecto de ley prevé sancionar a periodistas por difundir mensajes de odio de otros (paginasiete.bo)

Colegas periodistas de Santa Cruz en una marcha en 2022 exigen garantías para su labor. Foto  APG

El proyecto de Ley 305 que el Ejecutivo mandó a la Asamblea Legislativa sanciona a los medios y a los periodistas que difundan los mensajes de odio y discriminación de terceros. Desde los gremios de prensa y diputados opositores alertan que se pretende coartar la libertad de expresión y anular la Ley de Imprenta.

El artículo 281 titulado “Difusión e incitación al racismo o la discriminación”, habla de una pena privativa de libertad de tres a siete años de cárcel para la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad racial y promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación; promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación.

El inciso “c” habla sobre odio y racismo: “Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios”. En este apartado se refiere indirectamente a pronunciar o difundir “mensajes de otros” y es nuevo con relación a la Ley Contra el Racismo de 2010.

Cuando sea periodista

El artículo 281 en su parágrafo II indica que la sanción, en los delitos citados antes, será agravada en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno a tres años, cuando el hecho sea cometido por una servidor público.

Y luego el parágrafo III añade que la pena se agravará “cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

Al respecto, la senadora de la alianza Creemos Centa Rek apuntó que Ley 305 ataca a la Ley de Imprenta. “Es una ley mordaza, porque dice que habrá agravantes cuando los hechos sean cometidos por un trabajador de un medio de comunicación o propietario, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno y se elimina la Ley de Imprenta”.

Periodistas, en emergencia

David Ovando, presidente de la Federación de Periodistas de Cochabamba, confirmó que las nueve agremiaciones del país se declararon en emergencia ante el nuevo intento de penalizar la labor de la prensa.

“Necesitamos garantías para la vigencia total de la Ley de Imprenta y obviamente este proyecto tiene el objetivo de penalizar el trabajo de la prensa y también es una violación abierta a la libertad de prensa y de expresión que están consagradas en la Constitución Política y los tratados internacionales”, puntualizó Ovando a Página Siete.

Desde los gremios periodísticos esperarán que se abra el diálogo con el Gobierno para que aclare las inquietudes de los periodistas y si no ocurre aquello, Ovando anticipó “vamos a tener que salir a las calles, porque una vez no vamos a ceder un solo milímetro en la defensa de la libertad de expresión y la Ley de Imprenta”, aseguró.

Lima responde

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló el viernes que el proyecto de Ley 305 no atenta a la Ley de Imprenta.

“Se está buscando que quien tiene ese discurso de odio sea sancionado por esa acción y el medio de comunicación que cubre esa noticia que tiene que revelar (difundir la nota) por ser un hecho noticioso, no podría tener jamás una sanción por difundir esas expresiones que tienen un autor. Claramente la ética periodística (Ley de Imprenta) es la que va a regular todas estas situaciones, no el Derecho Penal”, detalló la autoridad a Cadena A.
APLP