Tomado de El Tiempo
José Rubén Zamora, fundador y director del medio guatemalteco elPeriódico, lleva once meses preso. Tras más de 200 denuncias en su contra, el Gobierno lo acusó de lavado de dinero y chantaje y el 14 de junio fue condenado a seis años de cárcel por el primer delito. Ni elPeriódico ni su director son extraños al ataque indiscriminado por sus investigaciones. A Zamora lo han secuestrado y amedrentado junto con su familia.
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José Rubén Zamora, fundador y director del medio guatemalteco elPeriódico, lleva once meses preso. Tras más de 200 denuncias en su contra, el Gobierno lo acusó de lavado de dinero y chantaje y el 14 de junio fue condenado a seis años de cárcel por el primer delito. Ni elPeriódico ni su director son extraños al ataque indiscriminado por sus investigaciones. A Zamora lo han secuestrado y amedrentado junto con su familia.
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Incluso, en 2018, al salir de un restaurante, le inyectaron una sustancia que hizo que lo dieran por muerto durante varias horas, hasta que despertó en plena autopsia. Por primera vez, los ataques provenientes directamente del Estado guatemalteco pusieron en jaque la labor del medio que fundó.
Para Julia Corado, la última directora de elPeriódico, este “siempre ha sido asediado por los gobiernos de turno como consecuencia de las investigaciones que ha publicado, que han sido muy malas para ellos”. Pero la detención de Zamora supuso la estocada final para ese medio, que anunció su cierre el pasado 12 de mayo (una semana después del Día Mundial de la Libertad de Prensa), y un golpe muy duro para el periodismo de investigación en Guatemala.
“Nosotros dimos a conocer más de 200 casos de corrupción durante el gobierno de Giammattei”, afirma Corado. Y antes, sus publicaciones también habían reforzado el escándalo que derivó, en 2015, en el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Este golpe a la libertad de expresión es dramático, pero no extraño. El 3 de mayo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su ‘Clasificación mundial de la libertad de prensa’, que advertía sobre su retroceso. Según el informe, ningún país de la región goza plenamente de este derecho.
El documento señala que la polarización y la inestabilidad institucional son las principales amenazas para los periodistas en la región.
“En Perú, los sucesivos cambios políticos de los últimos seis años han alimentado la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones, pero también hacia la prensa. En Haití, la inestabilidad política, agravada desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, ha desembocado en una crisis de seguridad y ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región para los periodistas. En Ecuador, la desestabilización del país por la creciente influencia de organizaciones criminales también ha provocado un deterioro significativo de las condiciones de trabajo de los periodistas. En México, la violencia extrema de los cárteles y su frecuente connivencia con las autoridades locales siguen destruyendo paulatinamente el periodismo”.
Y lo que es peor, en los países donde el contexto político es menos inestable también hay un retroceso en la libertad de prensa, según el seguimiento de RSF. El informe advierte que la desinformación y la propaganda se usan junto a la violencia en redes sociales contra periodistas y medios.
“Se está normalizando y es ya un elemento en toda regla de la estrategia de los líderes políticos, que refuerzan así su control sobre el discurso público”, señala. Costa Rica, Uruguay y Argentina, países que históricamente han estado bien puntuados, retroceden en la calificación de este año justo por esas malas prácticas. Canadá y Guyana también han reportado acoso en línea, especialmente las mujeres periodistas.
Mientras tanto, los gobiernos más restrictivos usan como pretexto la polarización y la seguridad nacional para cometer y permitir todo tipo de abusos contra la prensa. Estos son, cómo no, los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, los peor calificados de la región.
Pero no solo se trata de las acciones represivas de los gobiernos. Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), explica que en América Latina cada país tiene diferentes restricciones a la prensa. Sin embargo, observa un patrón: “Hay un ambiente bastante adverso para el ejercicio periodístico que no empieza necesariamente con leyes o con presiones tan directas hacia los periodistas y hacia los medios de comunicación, sino con un clima donde se quiere deslegitimar el trabajo periodístico. Se busca cuestionar la idoneidad o la legitimidad de los periodistas y los medios para hacer su trabajo, y creo que esto ha calado muy rápido en las audiencias”.
Carlos Lauría, periodista y consultor sobre libertad de expresión, agrega otro patrón: el incremento de ataques legales contra periodistas y medios. De acuerdo con la última investigación en la que participó (un informe elaborado por la Thomson Reuters Foundation y por el Tow Center para el Periodismo Digital, de Columbia University), los periodistas son imputados por difamación, espionaje, traición, influencia extranjera, delitos cibernéticos, terrorismo, delitos financieros, desacato, sedición y otros.
Ya para 2021, el informe de la Unesco titulado ‘El periodismo es un bien común, tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios’ apuntaba que entre 2016 y 2021, 44 países aprobaron o modificaron 57 leyes que contienen un lenguaje impreciso o castigos exagerados que amenazan la libertad de prensa en línea.
Lauría explica que la ambigüedad legal ha permitido que las normas sirvan como instrumento para atacar a la prensa. Y agrega: “Si bien en el mundo solo un puñado de países encarcelan a periodistas en grandes números, los ataques legales son generalizados. Se dan en muchos lugares, incluso en democracias consolidadas”.
Sin embargo, el experto señala que las agresiones físicas y los atentados siguen prevaleciendo en los ataques contra los periodistas en América Latina. Solo el año pasado asesinaron a 37 en la región, lo que representó el 55 por ciento de los casos en el mundo. No obstante, para esos delitos impera la impunidad, pues el informe de la Unesco advierte que solo el 13 por ciento de los periodistas asesinados (891 entre 2006 y 2021) encontraron justicia.
Persecución y estigma
Aunado a los asesinatos, desapariciones y encarcelaciones, los enemigos de la libertad de prensa utilizan la persecución económica y fiscal para atacar a los medios de comunicación. Buscan limitar el ejercicio desde lo más esencial: sus ingresos.
Como cuenta Corado, en el caso de elPeriódico, este medio empezó a sufrir la ausencia de pauta publicitaria “porque los gobiernos acosaban a los anunciantes y les decían que si ellos seguían pautando con nosotros, porque muchos también son proveedores del Gobierno, le iban a quitar los contratos o si no, los amenazaban de otras formas”. En un primer momento, elPeriódico despidió a dos terceras partes de su personal y luego ya no pudo pagar al resto.
En El Salvador, El Faro ha denunciado que el gobierno de Nayib Bukele lo persigue. Después de varias auditorías y de estigmatizar sus publicaciones, el medio anunció en abril pasado que trasladaba su estructura administrativa y legal a Costa Rica para garantizar el ejercicio de sus funciones.
Lauría explica que en algunos casos los gobiernos no enjuician y condenan a los periodistas por delitos relacionados con su labor informativa, sino que apelan a acusarlos de crímenes financieros. “Son acusaciones en general fabricadas y, como se ha visto en varios países de este hemisferio, son utilizadas para en muchos casos emprender campañas de desprestigio contra los periodistas para aislarlos de sus relaciones de sus amigos y de las organizaciones de defensa. Es una estrategia utilizada para confundir a la opinión pública internacional y para socavar las expresiones de solidaridad o condena. Y además con el agravante de que es difícil articular una defensa contra acusaciones tan complejas”.
Hoy otros factores se unen para debilitar el ejercicio periodístico. RSF destaca en su informe el efecto de la “industria del engaño”. En 118 países evaluados, los expertos consultados advirtieron de campañas de desinformación masiva o propaganda de los actores políticos.
“La diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo artificial, se difumina, poniendo en peligro el derecho a la información. Capacidades de manipulación sin precedentes son utilizadas para debilitar a los periodistas de calidad, al tiempo que debilitan el propio periodismo”.
En Guatemala, elPeriódico también fue objeto de este tipo de ataques. Para Corado, “hay una red, que se dice pagada por el propio Gobierno, que constantemente está atacando a periodistas, políticos, fiscales y jueces que no son afines a sus intereses. Y es más fuerte porque tienen conexiones directas con el Ministerio Público. Ellos anuncian (por Twitter) las capturas de las personas unos días antes”.
Para Jonathan Bock, estos ataques y narrativas desvirtúan la función social del periodismo. Esta deja de entenderse como una institución sin la cual la democracia es inviable y, además, debería ser plural. Ya en 2022, el informe de la Unesco advertía que la desinformación de las redes sociales es uno de los factores que han generado desconfianza en los medios.
Así, “los ciudadanos rehúyen los hechos para sustituirlos por aquellos contenidos que, en cambio, encajan con sus emociones o creencias políticas. Esto no presagia nada bueno para la sostenibilidad de los principales medios de comunicación ni para la política democrática”, que depende de la discusión y el consenso; pero estos no son posibles sin la disposición a escuchar la opinión contraria.
En Guatemala, los últimos meses de resistencia a la persecución judicial y a la asfixia económica terminaron cuando elPeriódico anunció su cierre. Un desenlace especialmente doloroso para un país que se apresta hoy a celebrar elecciones presidenciales. Unos comicios en los cuales muchos votantes deberán tomar sus decisiones democráticas sin el apoyo informativo de uno de los medios independientes más importantes. Y una democracia a ciegas, simplemente no es democracia.
GRISHA VERA () CONNECTAS (*)
(*) Miembro de la mesa editorial de Connectas.
(**) Iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
APLP
