Tomado de OPINIÓN
Estamos jodidos, según la CIDH (opinion.com.bo)
Ahora que se conoce el video sobre la agresión al capitán Lara, policía que se ha enfrentado a las estructuras oficiales y ha denunciado a colegas extorsionadores; ahora que un juez ha decidido ampliar la detención preventiva del dirigente cocalero Apaza sin tomar en cuenta el crítico estado de su salud; ahora que hay más de 50 periodistas agredidos, incluido el secuestro y tortura de 6 corresponsales por avasalladores de tierras armados y encapuchados ante la inacción de la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Gobierno; ahora que hay 2 personas muertas en otro predio avasallado sin que la Policía ejecute una conminatoria de desalojo emitida por un fiscal; ahora que un periodista, su camarógrafo y el conductor del vehículo fueron amenazados de muerte por avasalladores interculturales afines al gobierno; ahora que se cumple un mes de las movilizaciones del magisterio sin que se atiendan sus demandas; ahora que la expresidente Áñez cumple 750 días de ilegal detención preventiva; ahora que se ventila la retardación de justicia, que los operadores de justicia cumplen funciones de sicariato y que tenemos jueces especializados en liberar delincuentes; ahora que la comisión de la CIDH conoce que en Bolivia hay perseguidos y 244 detenidos políticos; ahora que Amnistía Internacional informa que el Poder Judicial boliviano carece de “plena independencia” y que persisten amenazas a los defensores de los derechos humanos, así como denuncia sobre la represión a las protestas y a las detenciones arbitrarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de 5 días en el país ha informado de manera preliminar que en Bolivia hay “falta de acceso a la justicia” y que hay “ausencia de independencia judicial”; “igualmente, se observa un retardo procesal particularmente en los casos de violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes”; hacinamiento de 217% en las cárceles; falta de acceso a la información y que aún hay figuras penales no claras en el Estado como sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes.
El informe agrega que problemas de la justicia llevan a largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada. Denuncia condiciones para la corrupción y expone que frecuentemente, juezas, jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad, no ser condenadas o acceder a medidas alternativas o beneficios
Sobre las condiciones para ejercer el periodismo, advierte las denuncias de impunidad y falta de investigación a agresiones sufridas por comunicadores a escala nacional y sentencia categóricamente que “en Bolivia históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno”.
Esta fuerte crítica a la situación de la justicia en el país contrasta con la actitud desubicada del relator Joel Hernández de la CIDH asistiendo a un acto de “desagravio” a ex vocales del TSE, comprometiendo la imparcialidad de esta Comisión y ensuciando un informe de la OEA sobre “acciones deliberadas que hacen imposible validar los resultados” del organismo electoral en las elecciones de 2019. En su descargo, el trasnochado comisionado sostuvo que su participación fue de buena fe y dentro de un “proceso de reparación integral”. Supongo que no se ha enterado que su presencia en Bolivia como parte de una Comisión lo aleja de actuaciones personales y el informe lo deja mal parado cuando señala una polarización excesiva en el país y pide consenso para sanar las heridas de 2019. La reparación integral debería incluir a todos los bolivianos por la estafa del fraude. Estamos muy mal, pero seguro que el gobierno nos contará su propia versión.
APLP
