Tomado de Correo del Sur
https://correodelsur.com/pendulo-politico/20240929/periodistas-en-tiempo-dificiles.html
Los datos corresponden al Observatorio de Defensores de Derechos de la red Unitas, que se aboca a hacer un seguimiento diario al estado de las libertades fundamentales en Bolivia, entre ellas la libertad de prensa.
Desde el inicio de la gestión 2024 hasta la fecha, fueron contabilizadas 22 vulneraciones a la libertad de prensa, de acuerdo con el Observatorio Defensores de Derechos de la red Unitas.
El registro es preocupante, ya que, según dicha instancia, durante la gestión pasada fue cometida “una vulneración a la libertad de prensa cada tres días”, durante 2023, de acuerdo con una nota de prensa emitida en el marco del Día Internacional de la Libertad de prensa.
“Los actores que más vulneran la libertad de prensa se dividen en dos grupos principalmente: la Policía Nacional y grupos de personas, ambos con 34 registros. Le siguen autoridades del ejecutivo nacional (11 registros), cooperativas mineras (10), autoridades del Órgano Judicial (9) y el Ministerio Público (6), entre otros”, precisa la nota.
Los datos corresponden al Observatorio de Defensores de Derechos de la red Unitas, que se aboca a hacer un seguimiento diario al estado de las libertades fundamentales en Bolivia, entre ellas la libertad de prensa.
En su último informe, publicado en diciembre de 2023, la Relatoría Especializada en Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las agresiones contra periodistas, durante su labor de cobertura y en casos de investigación.
Dicho organismo apuntó los casos de periodistas como Guider Arancibia, del matutino El Deber, que recibió amenazas tras difundir “la captura de un cargamento de cocaína”, llegando a requerir garantías por parte del gobierno.
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También puntualiza casos como el del director del canal televisivo de Santa Cruz DTV, Junior Arias, que recibió “amenazas”, a la par que investigó la quiebra e intervención del extinto Banco Fassil, así como la repentina muerte de su interventor Carlos Alberto Colodro.
La CIDH observa “con preocupación” las noticias de ataques contra periodistas perpetrados por agentes policiales, como supuestas agresiones con gas lacrimógeno, “amedrentamiento e impedimento de realizar” la labor de cobertura.
En lo que va de 2024, se registraron 82 casos de vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia. Los más recientes, durante la marcha del ‘evismo’. Uno de los más graves tuvo lugar en Vila Vila, Cochabamba, donde la periodista Irene Torrez fue brutalmente golpeada por un grupo de marchistas. Luego de dejarla casi inconsciente, la obligaron a borrar las imágenes de sus actos violentos, con el objetivo de impedir su difusión.
Pese a la gravedad del tema, no hubo ningún detenido. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) advierte que los trabajadores de la prensa enfrentan un panorama de “violencia creciente” y denuncia que, pese a que la democracia está en juego, el Estado “no cumple con su rol de garante de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”.
Las cifras
Según datos del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la red Unitas, las vulneraciones a la libertad de prensa se incrementaron en los últimos años.
En 2020, se registraron 84 casos, uno cada cuatro días.
En 2021, fueron 66 en total, un caso cada cinco o seis días.
En 2022, el número se disparó hasta los 202, es decir, un caso cada dos días.
En 2023, se registraron menos: 143. Eso es uno cada tres días.
En lo que va de este año, ya son 82 casos. El impedimento de acceso a la información fue el más frecuente, con 22 casos, seguido de amenazas y amedrentamientos (16 casos) y agresiones físicas y psicológicas (12 casos).
Según datos de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que reúne a los principales medios impresos del país, en 2018 el total de vulneraciones a la libertad de prensa alcanzó a 65, es decir, un caso cada seis días.
El año pasado reportó 75 casos (uno cada 4,8 días).
Según la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa” de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización internacional que defiende el derecho de todo ser humano a tener acceso a información libre y fiable, la situación de Bolivia cambió de manera alarmante desde 2006.
Ese año, el país ocupaba el puesto 17. Es decir, la situación de la libertad de prensa era relativamente “buena”. Pero en 2008 Bolivia bajó hasta el puesto 115 (situación “difícil”), y en los últimos años se mantuvo por debajo del puesto 100, o sea que siguió siendo catalogada como un país “difícil” para la libertad de prensa.
El año pasado se situó en el lugar 117. Este 2024 cayó al 124 de un total de 180 países (situación “difícil”), según el último informe de RSF, no muy lejos de Venezuela (puesto 156), lo que significa que la situación de la libertad de prensa en este último país es “muy grave”.
Informe de la Defensoría
De acuerdo a una encuesta de la Defensoría de Pueblo, publicada recientemente en un informe titulado “Vulneraciones a los derechos humanos de la labor periodística / Opiniones y percepciones de periodistas y trabajadores de la prensa”, el 64,8% de los trabajadores de la prensa dijo haber sufrido algún tipo de vulneración en el ejercicio de su oficio.
¿Cuáles fueron los derechos vulnerados? El 36,4% dijo que el derecho a la libertad de expresión e información; el 27,7%, el derecho a la vida o la integridad física; el 20,7%, derechos económicos, contractuales, laborales o de seguridad social; y el 15,2%, el derecho a la reputación o a la integridad psicológica y moral.
Los encuestados también revelaron que la mayor cantidad de vulneraciones se registró en 2023, con el 28,3% del total. En 2022, se registró el 7,2% de esas vulneraciones; el 2021, el 4,9%; el 2020, el 9,2%, y el 2019, cuanto tuvo lugar la crisis política y social, el 22,3%.
¿Quiénes fueron los vulneradores de derechos contra los periodistas? El 26,1% dijo que “organizaciones y grupos movilizados”; el 16,8%, el “empleador o el propio medio de comunicación”; el 15,8%, “líderes políticos”; el 15,2%, “entidades públicas”; el 10,9%, “miembros de la fuerza pública”; el 10,9%, “organizaciones criminales”; el 1%, “empresa privadas”; y el 10%, “otros”.
¿Cuáles fueron los mecanismo de vulneración de derechos? El 40,8% respondió que la “intimidación verbal”; el 19%, la “agresión física”; el 9,8%, “amenazas colectivas”; el 7,6%, “a través de un tercero”; el 6,5%, por medio de las “redes sociales”; el 4,9%, a través de una “llamada de telefónica”; y el 4,9%, “amenaza telefónica”.
Por otro lado, consultados sobre si consideran que la mayor amenaza para el ejercicio periodístico es la falta de garantías por parte del Estado, el 51,4% eligió la opción “totalmente de acuerdo”; el 20,8%, la opción “muy de acuerdo”, y el 14,1%, la opción “de acuerdo”. Del total de periodistas que dijo haber sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos, el 33,2% no denunció su caso. ¿Por qué? El 39% dijo que por “desconfianza en las autoridades y el Poder Judicial”. Del 66,8% que dijo haber denunciado su caso, el 74,4% reveló que su caso “no se solucionó”.
Por otra parte, preguntados sobre si conocen a algún colega que haya sufrido vulneraciones de sus derechos, el 79,6% respondió que “sí”. Además, otra de las causas que cita el informe de la Defensoría del Pueblo para la no presentación de denuncias tiene que ver con la autocensura por temor a represalias.
En el mundo
La situación de la libertad de prensa en el mundo tampoco es la ideal, según la edición 2024 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“A escala mundial, se impone una constatación: la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas. De los cinco indicadores que conforman la puntuación de los países, el indicador político es el que más desciende en 2024, con una caída de 7,6 puntos”, resume esta organización. Además, señala que los estados fracasaron en el último año “en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a una información fiable, independiente y plural”.
“RSF observa un deterioro preocupante del apoyo y el respeto a la autonomía de los medios, así como un aumento de las presiones que ejercen los Estados u otros actores políticos sobre ellos”, agrega. “Cuando más de la mitad de la población mundial está convocada a las urnas en 2024, RSF advierte de un importante fenómeno revelado por la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024: el declive del indicador político, uno de los cinco que componen este índice.
Los Estados y las fuerzas políticas, independientemente de su orientación, desempeñan un papel cada vez menor en la protección de la libertad de prensa. Este desentendimiento se acompaña, en ocasiones, de un cuestionamiento del papel de los periodistas, o incluso de la instrumentalización de los medios en campañas de acoso o desinformación. Un periodismo digno de ese nombre es, por el contrario, un requisito previo para un sistema democrático y para el ejercicio de las libertades políticas”, reflexiona, por su parte, la directora editorial de RSF, Anne Bocandé.
Por regiones, según el índice global de la situación de la libertad de prensa de RSF, en Magreb-Oriente Medio (Magreb, región norte del continente africano), en el 47,47% de esos países, la situación es “muy grave” y en el 47,37%, “difícil”. En Asia-Pacífico, en el 37,5%, “muy grave” y en el 25%, “difícil”. En el 21,88%, “más bien buena”. En África, en el 41,67% la situación es “problemática” y en el 39,58%, “difícil”. En Europa-Asia Central, en el 35,85%, la situación es “más bien buena”, en el 15,09% “buena” y en el 26,42%, “problemática”. En las Américas, en el 35,71% la situación es “problemática”, en el 28,57% “difícil” y en el 21,43% “más bien buena”. Pero en el 14,29% la situación es “muy grave”. Entre esos países, se encuentran Venezuela, Nicaragua, Honduras y Cuba. [P]
Todo comenzó con la llegada del MAS al poder
Andrés Gómez Vela
Para el periodista y analista Andrés Gómez, las agresiones contra los periodistas en Bolivia no se acentuaron recientemente. “La libertad de expresión, las garantías para que los periodistas desarrollen bien su trabajo, la decadencia del Estado, que debería protegerlos, comenzó con la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al Gobierno”, sostiene.
Evo Morales, añade, convirtió al Estado “no en protector de los derechos humanos, sino en violador de los derechos humanos”. En ese sentido, afirma que tanto Morales como el presidente Luis Arce no se ocuparon, ni se ocupan hoy, de las vulneraciones de los derechos de los periodistas.
“¿En algún momento alguno de estos políticos ha condenado la violencia que se ha usado a lo largo de estos 18 años o 17 años contra los periodistas? No, más bien ellos las han impulsado: uno, abiertamente, Evo Morales, y Arce con su silencio. En estos días, no dijo ni pío respecto a la violencia contra los periodistas. Y, según los estándares de la libertad de expresión, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos deben condenar la violencia contra los periodistas, porque los periodistas, el periodismo es la piedra angular de la democracia”, señala.
En ese sentido, Gómez señala que el Ministerio Público debería investigar de oficio estos casos y sancionar a quienes hayan cometido delitos contra los periodistas. “Tener periodistas independientes y libres es una garantía para tener un gobierno transparente y para que la democracia funcione”, concluye el analista. [P]
Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)
“Estamos en un contexto de total impunidad”
P. Vistas las últimas agresiones contra periodistas, ¿considera que cada vez hay menos garantías para el trabajo de los trabajadores de la prensa en Bolivia?
R. Según el análisis que ha realizado la ANPB, junto con las asociaciones departamentales, consideramos que estamos viviendo una coyuntura muy compleja, marcada por un nivel de beligerancia extrema entre dos facciones políticas, que, en este caso, involucran al Movimiento Al Socialismo (MAS), pero que en el futuro puede involucrar a otros actores políticos, como en el pasado, con conflictos regionales como el de Santa Cruz u otros…
No encontramos que el Estado esté cumpliendo su rol de garante de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que no solamente están establecidos en la normativa internacional, sino claramente definidas como responsabilidad del Estado boliviano. Si revisamos lo que ha estado sucediendo en los últimos años, estamos en una coyuntura de violencia creciente, pese a los esfuerzos que hemos hecho en el pasado para denunciar y demandar investigación, reparación y justicia. Estamos en un contexto de total impunidad. No hay garantía de no repetición de la violencia, no hay actuación de las autoridades llamadas a investigar nuestras demandas, a dar con los responsables y sancionarlos. Entonces, sí, consideramos que estamos en una coyuntura compleja.
P. Estos hechos de violencia y de vulneración de derechos no son recientes… ¿Es eso correcto? ¿Considera que hay políticos que alientan las agresiones a los periodistas?
R. Si hacemos una retrospectiva de lo que ha ocurrido en los últimos años, no podemos dejar de señalar que ha habido una planificación, una política, desde el gobierno de Evo Morales, para desprestigiar a los periodistas, para presionar a los medios a través del castigo con el recorte de la publicidad estatal, para que los echen (a los periodistas) de sus programas y no les permitan continuar trabajando… No nos olvidemos de la campaña del llamado “Cártel de la mentira”, o de la articulación de los denominados “guerreros digitales” cuya función explícita, y hecha pública por Evo Morales, era atacar a la oposición política y a los periodistas.
Por supuesto, no decimos que vivíamos en un contexto de plena vigencia de todas las libertades y de la libertad de prensa en el pasado, antes de Evo Morales (…). Pero creo que en el periodo de Evo Morales se han exacerbado los ataques y la violencia contra la prensa, y ha habido una deliberada acción orientada a afectar la credibilidad, la confianza y el trabajo de la prensa.
Pero, además, desde el propio Gobierno, como ha ocurrido en los conflictos por el Censo en Santa Cruz, se ha desatado la violencia estatal contra los periodistas. No otra cosa son los ataques cometidos por policías. Tenemos 15 demandas, en estrados judiciales, que no son investigadas. Y un ejemplo de esa impunidad es el caso de Las Londras. El próximo 28 de octubre se cumplirán dos años de impunidad.
P. Recientemente, Evo Morales exigió a los periodistas que “digan la verdad”, como queriendo justificar los ataques. Autocríticamente, ¿las agresiones son culpa de los periodistas?
R. Evo Morales quiere que digamos su verdad. Me imagino que desde el Gobierno también nos reclamarán que digamos su verdad. Entonces, los periodistas lo que tenemos que hacer es apegarnos estrictamente a lo que manda la norma nacional, la Constitución, los artículos 106 y 107, que establecen claramente que la actividad periodística está garantizada bajo un contexto de autorregulación y en plena vigencia de la Ley de Imprenta. Sin embargo, la Ley de Imprenta se vulnera. Nos exigen, nos citan cada vez a declarar (ante el Ministerio Público).
Por otro lado, en las grandes ciudades o en pequeñas poblaciones del país nos demandan y pretenden judicializar (el ejercicio periodístico) para que revelemos la fuente. Es decir, no solamente es la violencia física, la violencia verbal, el destrozo de nuestros instrumentos de trabajo, la retención indebida (de los trabajadores de la prensa) para amedrentar, para meternos miedo.
Seguramente, que no hacemos un trabajo perfecto, pero hacemos el mayor esfuerzo por hacerlo (…). Ahora, efectivamente, estamos ante múltiples desafíos. Nos estamos acomodando a las exigencias de esos desafíos en un contexto de un desarrollo tecnológico acelerado, un ecosistema digital. Y estamos trabajando, como lo ha demostrado una investigación que hemos presentado el pasado 10 de mayo, a propósito de las condiciones laborales de los periodistas, en una situación de precariedad severa. El estudio ha demostrado que 8 de cada 10 periodistas están en condiciones de extrema precariedad. Entonces, en todas esas circunstancias, por supuesto, lo único que tenemos que hacer es esforzarnos para hacer bien nuestro trabajo y no perder el capital que tiene cualquier periodista, que es la credibilidad. Y si nos equivocamos, tenemos que ser capaces de reconocerlo.
P. ¿Qué debería hacer el Estado para garantizar el trabajo de los periodistas?
R. Primero, debería acabar con toda forma de vulneración de la libertad de prensa y toda forma de acoso premeditado. Debería cumplir las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha planteado la urgencia de que se apruebe una ley que garantice una adecuada distribución de la publicidad oficial y que esta no sea utilizada como mecanismo de premio o castigo para los medios que se alinean al Gobierno o se colocan en la vereda de un trabajo independiente.
Luego, el Estado debería cumplir las recomendaciones del GIEI, a propósito de los sucesos tan lamentables del 2019: establecer un mecanismo que garantice la investigación, la sanción y la reparación, en casos de violencia contra periodistas. El Estado no quiere asumir ninguna de esas recomendaciones. Otra recomendación, que ya está (…) incorporada en un fallo de la Corte IDH y que, por tanto, es de cumplimiento obligatorio –el Estado boliviano no puede ya soslayar–, es la aprobación de una Ley de Acceso a la Información para garantizar no solamente el trabajo de los periodistas, sino el derecho de la ciudadanía a solicitar información sobre temas que son de su interés. Ahí están las recomendaciones, pero lamentablemente el Estado boliviano no las cumple. [P]
APLP
